Escribe:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista
Mientras haya corrupción no habrá seguridad pública. La corrupción y el crimen son dos lacras que van de la mano, son inseparables, han nacido tal para cual, caminan juntas desde que el hombre existe y han crecido y expandido, hasta llegar a niveles insospechados de las altas esferas gubernamentales.
Veamos. La corrupción constituye el mal uso del poder público para lograr ventaja o beneficio indebido, para quien la practica o para terceros. Sin embargo, la corrupción, no sólo se da en el escenario público sino también en el privado, generando pobreza y desigualdad en la sociedad.
En el Perú y en otros países de América Latina, la mayoría de políticos son operadores de la corrupción, a tal punto que la ciudadanía les ha perdido la confianza y a sus partidos. El Congreso, el primer poder del Estado, y el Ejecutivo han sido depredados.
Los políticos ven el Estado como su botín, sea de derecha o izquierda, las ideologías están al margen y olvidadas. Esa es la percepción en nuestros días. Los congresistas, que han llegado al poder, convierten al Estado en su chacra, es en la práctica su propiedad, al invertir para llegar a él, y por tanto tienen “derecho” de hacer lo que quieren, con algunas raras excepciones.
Hace poco la Contraloría, al publicar el índice de corrupción e inconducta funcional 2022, ha dado cuenta que en ese año el Estado ha perdido nada más ni nada menos que 24 mil 400 millones de soles en corrupción.
En este índice el Gobierno Regional de Áncash lidera la lista de los corruptos, y no muy distante esta el Gobierno Regional de Piura, que ocupa el segundo puesto y en tercer lugar se encuentra Provías Nacional que pertenece al MTC.
El cuarto, quinto y sexto lugar están ocupados por los gobiernos regionales de Junín, Puno y Loreto, respectivamente. En la siguiente posición está la Municipalidad Provincial de Trujillo, mientras que el Gobierno Regional de La Libertad figura en el décimo quinto lugar del año 2022.
Cuánto dinero de los peruanos ha ido a engrosar ilegalmente las arcas particulares. El problema genera el gran reto que tiene que afrontar el sistema nacional de justicia, que también es percibido de poco transparente. El sistema de justicia es lento para responder a los altos índices de corrupción, que el ente contralor encuentra.
Si no se frena la corrupción con medidas radicales, la inseguridad pública seguirá latente; de nada valdrán las leyes si no se aplican o sólo se aplican para unos y no para otros. Todo esto impide el desarrollo económico-social, al transgredir los derechos humanos, agrava la pobreza y la desigualdad crece imperturbable. ¿Hasta cuándo?.
