Las entidades públicas y privadas, que tienen como colaboradores a periodistas colegiados y habilitados, están incumpliendo la Ley 25101 (01 de octubre de 1989), que dispone otorgar una remuneración mensual no menor a los tres sueldos mínimos legales.
En tal sentido el ex vice decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú (2013-2015), Manuel Rodríguez Romero, mostró su extrañeza y preocupación, por cuanto en el sector público y privado no se cumple con la referida ley, en desmedro de la economía de los hombres y mujeres de prensa.
Explicó que tal remuneración mensual, que asciende a 2,790 soles (sueldo mínimo legal es de 930 soles), viene siendo burlado por los empleadores, por lo que debe intervenir el Colegio de Periodistas del Perú y la Federación de Periodistas del Perú en defensa de sus agremiados.
Para que los periodistas se hagan acreedores a la remuneración mínima de 2,790 soles mensual deben estar colegiados y habilitados, es decir al día en sus obligaciones, que establecen los Estatutos de la Orden Profesional, dijo Manuel Rodriguez, que también fue decano regional en La Libertad del Colegio de Periodistas del Perú (1993-1995 y 2010-2013).
JORNADA DE TRABAJO
Señaló, por otro lado, que a partir del 26 de octubre de 1987, la jornada ordinaria de trabajo para los periodistas es no mayor de cinco días ni de cuarenta horas a la semana, sea cual fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de los beneficios alcanzados por ley o por convenio.
El día de descanso adicional que la ley otorga, es independiente de su descanso regular, y será tomado por veinticuatro (24) horas continuas; el que se abonará con igual remuneración a la de un día ordinario de labor.
Asimismo, refirió que la mayoría de periodistas de los medios de comunicación masiva, en la región de la Libertad y a nivel nacional, debido a la pandemia están atravesando serios problemas laborales, pues muchos han perdido el empleo, a otros les han reducido el suelo y a un tercer grupo no le pagan.
Demandó al Colegio de Periodistas del Perú, Federación de Periodistas del Perú y Asociación Nacional de Periodistas para que interpongan sus oficios a fin de cautelar los derechos de sus agremiados, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria y económica.
