Por:
José Mariños Campos
Han transcurrido más de dos meses desde que, en las altas esferas del Ministerio del Interior, se tomó la sorpresiva decisión de dar por concluidas las funciones del prefecto regional de La Libertad, doctor Carlos Rodríguez Rodríguez, después de casi dos años de fructífera gestión. Una decisión que, por inoportuna y poco explicada, dejó la sensación de que se prescindía de un funcionario que venía desarrollando una labor eficiente y articulada con las principales autoridades de la región.
Pero hay un hecho todavía más preocupante: han pasado más de dos meses y el Ejecutivo aún no ha designado al nuevo prefecto regional de La Libertad. La demora ha generado un vacío de autoridad en una institución que cumple un papel importante en la representación política y administrativa del Gobierno Nacional en la región. En momentos en que La Libertad enfrenta serios problemas de seguridad ciudadana y demanda una permanente articulación entre las autoridades, resulta inexplicable que una prefectura regional permanezca sin su máxima autoridad titular.
Rodríguez entendió que la Prefectura no podía limitarse a funcionar detrás de un escritorio. Por ello, salió al campo, recorrió las provincias y distritos y mantuvo contacto directo con autoridades y ciudadanos. Su presencia permitió que muchos percibieran que el Estado podía estar más cerca de la gente. Uno de sus principales aciertos fue fortalecer la primera línea de acción de las prefecturas: los tenientes gobernadores, a quienes otorgó mayor protagonismo y reconocimiento para que fueran autoridades respetadas y representativas en sus respectivas jurisdicciones.
También fortaleció el Comité Regional de Prevención y Gestión de Riesgos Sociales (COPRESCON), que lideró, organismo que durante mucho tiempo permaneció prácticamente acéfalo y con escasa presencia institucional. Bajo su gestión, se buscó devolverle protagonismo y capacidad de articulación, incorporándolo a la tarea de coordinación y prevención de riesgos que corresponde a la Prefectura.
Su desempeño no fue producto de la improvisación. Carlos Rodríguez reúne un perfil profesional que se ajusta a las exigencias de la administración pública. Durante más de 15 años adquirió experiencia en labores de fiscalización y gestión pública, y paralelamente ejerció la docencia universitaria en materias como Derecho Administrativo, procesos administrativos contenciosos y Derecho Constitucional. Es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Gestión Pública y un doctorado en Derecho. A ello se suman tres certificaciones de SERVIR, obtenidas mediante becas, que acreditan su preparación y permanente capacitación profesional.
Por eso resulta válido preguntarse: ¿por qué el Estado se desprende de profesionales con experiencia, formación y capacidad, especialmente cuando han demostrado resultados en el ejercicio de una función pública? La administración estatal necesita técnicos competentes, no solamente personas vinculadas a determinadas corrientes o intereses políticos. La continuidad de una gestión eficiente debería evaluarse por resultados y capacidades, y no por consideraciones ajenas al servicio público.
Carlos Rodríguez no es un político partidario. Es un profesional que llegó a la Prefectura con una trayectoria técnica y jurídica y que, durante el tiempo que permaneció en el cargo, procuró darle contenido y presencia territorial a una institución que muchas veces permanece invisible para la ciudadanía. Su salida puede estar dentro de las atribuciones de la autoridad competente, pero ello no impide cuestionar su oportunidad ni, sobre todo, la inexplicable demora en designar a su reemplazante.
La pregunta que hoy corresponde hacer al Ejecutivo es directa: ¿hasta cuándo La Libertad tendrá que esperar por un nuevo prefecto regional? No se trata solamente de ocupar un cargo. Se trata de garantizar que una institución del Estado tenga conducción, representación y capacidad de articulación permanente con las autoridades y la ciudadanía.
La administración pública no debería convertirse en un espacio donde cada cambio de autoridad signifique empezar de cero o prescindir de quienes han demostrado capacidad. El Estado necesita servidores con experiencia, conocimiento y vocación de servicio. Si Carlos Rodríguez reúne esas condiciones, sería un error que su experiencia quedara al margen. Los buenos técnicos no deberían ser descartados por razones políticas; deberían ser convocados precisamente porque pueden contribuir a que el Estado funcione mejor.
Mientras tanto, La Libertad continúa esperando. Y dos meses sin prefecto regional no son simplemente una demora administrativa: son una señal de desatención del Ejecutivo hacia una región que necesita autoridades presentes, articuladoras y comprometidas con sus ciudadanos.
