Escrito por Johnny Aurazo
Diario CORREO
La sospecha de que la organización criminal “La mafia de los títulos” habría obtenido S/ 7 millones como ganancia en los más de cinco años que operó en La Libertad y otras regiones del país ha generado una serie de medidas en las autoridades responsables de las investigaciones.
DINERO
Una de estas acciones es haber solicitado levantar el secreto bancario de los 17 detenidos el 27 de febrero, entre ellos los exgerentes regionales de Educación, Rafael Martín Moya Rondo y Willard Augusto Loyola Quiroz.
Según el expediente número 01102-2020-65-1601-JR-PE-10, al que Correo tuvo acceso, el pedido se hizo el 23 de julio del 2019, mientras la organización criminal operaba presuntamente con total impunidad y expedía constancias de estudios, certificados de egresos y títulos falsos a cambio de sumas que variaban entre los S/ 3 mil y S/ 20 mil.
“Con el informe N° 366-2019-DIRNICPNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL, […] se ha solicitado […] la medida limitativa de derecho – levantamiento del secreto bancario de los presuntos integrantes de la organización criminal que se investiga”, se indica en el documento.
Según otras fuentes, el Ministerio Público investiga además un posible desbalance patrimonial de los imputados, pues “se realizaban cobros hasta [por] S/ 20 mil para expedir títulos falsos de educación inicial, primaria y secundaria”.
La medida alcanza también a los propietarios de los institutos privados Alexander Fleming [actualmente Montessori Institute] y Louis Pasteur, los hermanos Alipio Wilmer y Pedro Haro Lara, respectivamente.
De acuerdo con el organigrama del grupo delictivo, la función de ambos era la de “falsificador” y “comercializador” de “documentos falsos (títulos de educación, constancias y diplomas de egresados y otros)” en complicidad con un grupo de trabajadores suyos.
COMUNICACIONES
Otro de los pedidos que ha planteado la Fiscalía es el levantamiento de las comunicaciones de los investigados.
“Se ha solicitado […] la medida limitativa de derecho – levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos que vendrían utilizando los presuntos integrantes de la organización criminal que se investiga”, se indica en el mismo expediente.
Uno de los abogados de la parte imputada aseguró a este Diario que tras la desarticulación del grupo criminal, “al tercer día arribó a Trujillo un grupo de agentes especializados para el deslacrado y lectura de celulares incautados durante la megaoperación”.
“Se está investigando cada llamada realizada e ingresada, así como mensajes de texto, WhatsApp y Messenger hechos por los investigados”, añadió.
REUNIÓN
Ayer se cumplieron siete días de la detención de los 17 presuntos integrantes de “La mafia de los títulos”.
En el complejo policial de San Andrés Alcides Vigo Hurtado , en cuyo calabozo permanecen detenidos los imputados, se habrían reunido los procuradores del Gobierno Regional de La Libertad y del Ministerio de Educación (Minedu) con la intención de obtener más información sobre el caso y luego tomar medidas que permitan combatir la corrupción en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell).
Un día antes, el procurador del Minedu se habría reunido también con la fiscal responsable del caso, Jennifer Ludeña Meléndez.
DÍA D
Hoy será un día clave en el proceso contra los 17 imputados de “La mafia de los títulos”. La fiscal Jennifer Ludeña, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Trujillo, solicitará la ampliación de la detención preliminar de los detenidos por cinco días más ante el Poder Judicial.
Inicialmente, el juez Jenner Vásquez Martínez, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dictó una orden de detención preliminar por diez días; sin embargo, la fiscal ha apelado la medida y esta será resuelta hoy en la sede judicial.
De confirmarse la medida dictada por el magistrado Vásquez Martínez, los diez días se cumplirían este sábado 7 de marzo; de lo contrario, recién el jueves 12 de marzo se vencería el plazo, indicaron otras fuentes encargadas de las investigaciones.
Tras cumplirse la detención preliminar, sean diez o quince días, el Ministerio Público solicitará 36 meses de prisión preventiva contra los 17 detenidos por los presuntos delitos contra la fe pública –falsificación de documentos– y contra la administración pública –cohecho pasivo en agravio del Estado–.
