LIMA/ El pleno del Congreso aprobó este miércoles la denuncia constitucional contra Daniel Salaverry por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica. Esto luego de un pedido de reconsideración.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, había sustentado el informe final y en principio los congresistas habían rechazado la acusación por 48 votos a favor, 3 en contra y 28 abstenciones.
Sin embargo, luego de un pedido de reconsideración, el Pleno del Congreso aprobó finalmente la denuncia contra Daniel Salaverry con 56 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones. El documento será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones.
Salaverry, quien fue presidente del Congreso, había pedido que su caso sea remitido al Ministerio Público para evitar el juicio parlamentario, pero la Comisión Permanente continuó con el proceso iniciado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El extitular del Congreso lleva desde hace un mes el cargo ad honorem de consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental.
La Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial informó en su momento que Daniel Salaverry cumplía con los requisitos mínimos como consejero presidencial ad honorem de la Comisión Consultiva. Como se recuerda, también fue nombrado presidente de Perupetro, pero renunció debido a la presión mediática y las críticas de la Contraloría por no estar calificado para el puesto.
Daniel Salaverry aseguraba que había tomado esa decisión para evitar que su designación “siga siendo utilizada como herramienta de desestabilización política para atacar al Gobierno, por parte de sectores que no lograron superar la derrota electoral».
Daniel Salaverry habría presentado informes falsos cuando era congresista
Daniel Salaverry fue denunciado en el Parlamento por supuestas irregularidades registradas cuando, siendo congresista, presentó informes y fotografías fraudulentas sobre actividades realizadas durante la semana de representación en los años 2017 y 2018.
Según la acusación, el excandidato presidencial delegó estas funciones en su entonces asesor Geanmarco Quezada Castro. Sin embargo, habría cobrado los viáticos de esa semana, pese a que en la práctica no laboró.