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Por un periodismo responsable, un lenguaje correcto y comunicaciones libres de amenazas y delincuencia
Por:
Carlos Campos Sotomayor
Las redes sociales han democratizado las comunicaciones y permiten que millones de personas expresen sus ideas, denuncien irregularidades y ejerzan su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, también se han convertido en un terreno propicio para la actuación de individuos que, amparados en el anonimato, la impunidad o la facilidad para crear páginas y perfiles digitales, utilizan la comunicación como instrumento de amenaza, chantaje y extorsión.
Lo más preocupante es que algunos de estos sujetos se hacen pasar por periodistas, administradores de páginas informativas o supuestos comunicadores sociales, cuando en realidad utilizan esa apariencia para intimidar a autoridades, empresarios, comerciantes, profesionales y ciudadanos. Bajo la amenaza de publicar informaciones perjudiciales, difamatorias o tendenciosas, pretenden obtener dinero u otros beneficios personales.
¡Eso no es periodismo: es una conducta que debe investigarse y sancionarse cuando constituye delito!
El verdadero periodista informa, investiga, contrasta fuentes, verifica los hechos y respeta la dignidad de las personas. Su labor exige independencia, responsabilidad, ética profesional y un compromiso permanente con la verdad. No utiliza la información como mercancía para chantajear ni convierte la amenaza en un mecanismo de supervivencia económica.
A esta preocupante realidad se suma el deterioro del lenguaje en determinados espacios digitales. Insultos, expresiones soeces, amenazas, acusaciones sin pruebas y frases que atropellan las normas elementales de convivencia aparecen con frecuencia en publicaciones que pretenden presentarse como noticias. Se confunde la libertad de expresión con el libertinaje verbal y la crítica legítima con la agresión personal.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no constituye una autorización para extorsionar, difamar, amenazar o vulnerar los derechos de los demás. Del mismo modo, el correcto uso del idioma no es un asunto secundario: la claridad, la precisión y el respeto son indispensables para comunicar responsablemente.
¿Cómo detener este problema?
La respuesta no puede limitarse a la indignación pública. Se necesita una acción coordinada, firme y sostenida entre el Estado, las instituciones periodísticas, las plataformas digitales y la ciudadanía.
Primero: investigar y sancionar la extorsión. La Policía Nacional, el Ministerio Público y las unidades especializadas en delitos informáticos deben investigar las amenazas y exigencias de dinero realizadas mediante redes sociales y servicios de mensajería. Las denuncias deben tramitarse con diligencia, respetando el debido proceso y evitando que las víctimas queden desprotegidas.
Segundo: fortalecer la responsabilidad de las plataformas digitales. Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp y otros servicios deben facilitar la denuncia de perfiles utilizados para amenazar, suplantar identidades o cometer delitos, y atender los reportes conforme a sus políticas y a la legislación aplicable. También se necesita una mejor cooperación con las autoridades competentes, dentro del marco legal.
Tercero: diferenciar al periodista del impostor. Los colegios profesionales, las asociaciones de periodistas y las organizaciones de prensa deben promover la ética, la capacitación y la identificación transparente de los medios y sus responsables. No obstante, debe quedar claro que el ejercicio de la libertad de expresión no puede condicionarse a una colegiatura obligatoria ni confundirse la falta de un carné con la comisión de un delito. Lo que debe perseguirse es la conducta ilícita, no la opinión independiente.
Cuarto: recuperar la ética y el buen lenguaje. Las escuelas, universidades, facultades de comunicación y organizaciones periodísticas deben impulsar programas de alfabetización mediática, redacción responsable, verificación de información y respeto en el debate público. Comunicar no significa insultar, y denunciar no significa condenar sin pruebas.
Quinto: proteger a las víctimas. Quien reciba mensajes extorsivos debe conservar capturas de pantalla, números telefónicos, enlaces, fechas, audios y demás evidencias; evitar enfrentarse directamente con los responsables y presentar la denuncia ante las autoridades. Si existe una amenaza inmediata, debe solicitar protección policial. No se deben publicar datos personales de presuntos responsables ni emprender represalias por cuenta propia.
Sexto: educar a la ciudadanía. Los usuarios deben aprender a distinguir un medio confiable de una página creada para manipular, desacreditar o amenazar. Antes de compartir una acusación, corresponde verificar su procedencia y exigir pruebas. La difusión irresponsable de rumores también puede causar daños irreparables.
No podemos permanecer indiferentes
El Perú necesita comunicaciones libres, plurales y democráticas, pero también seguras, éticas y respetuosas. No se trata de silenciar las críticas ni de otorgar privilegios a los periodistas. Se trata de impedir que la noble tarea de informar sea utilizada como fachada para actividades delictivas.
Las autoridades tienen la obligación de actuar; las plataformas, de responder con responsabilidad; las instituciones periodísticas, de defender la ética; y la ciudadanía, de rechazar el chantaje y la manipulación.
Considero que defender el periodismo también significa denunciar a quienes pretenden desprestigiarlo mediante prácticas ajenas a sus principios y aquí le corresponde intervenir el Colegio de Periodistas del Perú. La credibilidad no se obtiene con amenazas, insultos ni exigencias económicas, sino con investigación, honestidad, conocimiento y servicio a la sociedad.
¡Que las redes sociales sean espacios de información y no guaridas de extorsionadores! ¡Que la libertad de expresión se ejerza con responsabilidad y que la ley alcance a quienes convierten la comunicación en un instrumento del delito!
Porque el periodismo auténtico no extorsiona: informa, orienta, fiscaliza y sirve a la sociedad.
