La ocasión es la demanda presentada por Odebrecht ante el Ciadi para obtener una indemnización de US$ 1,200 millones por los perjuicios de la finalización de la concesión del gasoducto.
Se trata, obviamente, de una decisión muy inamistosa por parte de una empresa que le ha hecho mucho daño al país por los sobornos que entregó, durante varios gobiernos, para obtener obras, y con la cual existe un acuerdo de colaboración eficaz que hasta incluye pagos como el hecho por Chaglla.
Asimismo, se debe aplicar toda la presión legítima que se pueda ejercer para que esta empresa cumpla sus obligaciones, incluyendo el ofrecimiento de la información de la corrupción.
Pero, más allá de un proceso cuyo desenlace puede demorar más de un lustro en el Ciadi, en el corto plazo es clara la intención de algunas personas, como los fiscales supremos Gonzalo Chávarry o Tomás Gálvez, entre muchos que han tratado de bajarse el acuerdo de colaboración con Odebrecht, una herramienta crucial para llegar a conocer la verdad en estos graves casos que perfilan uno de los procesos de corrupción más grandes del Perú.
Lo que buscan es aprovechar esta oportunidad para retirar de los procesos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes, más allá de diferencias y cuestionamientos puntuales, están realizando un trabajo que es fundamental para el Perú.
