• El Concejo Provincial no aprobó el proyecto que impulsa Proinversión bajo inversión privada y prevé que la planta se haga en Covicorti.
TRUJILLO/// El Concejo pospuso para nueva sesión la aprobación de un convenio de delegación de funciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, para la iniciativa privada cofinanciada: Planta de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reuso.
De aprobarse, Proinversión asumirá en representación de la MPT la titularidad del proyecto. Eso será analizado en una nueva sesión, previa reunión informativa del Concejo con Proinversión y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El alcalde Mario Reyna Rodríguez dijo que se necesita la mesa de trabajo para que expliquen el marco general completo. Hay un convenio aprobado el año 2016 con el ministerio y queremos saber cómo queda, a qué nos obliga, cuál será el panorama de desconocerlo. Necesitamos más información antes de tomar una decisión.
Proinversión es la agencia encargada de promover la inversión privada tanto en infraestructura como servicios públicos y lo hace bajo las modalidades de asociación público privada (APP) de proyectos en activos y a través de obras por impuestos.
El objetivo del proyecto es contar con el diseño, construir, operar y mantener la infraestructura necesaria para la recolección, el tratamiento y la disposición final o reuso de las aguas residuales tanto de las ciudades de Trujillo como de Chepén.
Hay una iniciativa privada cofinanciada mediante la cual, de ejecutarse, una parte del componente de inversión será asumida por el Estado, en tanto que la operación y mantenimiento sería asumida por la empresa prestadora de servicios de saneamiento, con garantía del Estado, explicó Ernesto Saldívar Abanto, director del proyecto.
El monto de inversión, sin considerar el IGV, es de casi 400 millones de dólares y el titular del proyecto a la fecha es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la delegación de facultades que recibió el año 2016 de las municipalidades provinciales de Trujillo y Chepén.
El convenio propuesto obedece a modificaciones normativas emitidas por el gobierno a finales del año pasado.
El proyecto debe generar unos 4800 puestos de trabajo directos e indirectos y tiene como objetivo beneficiar a un millón de habitantes y generar mejores condiciones de salud para la población debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales actualmente está colapsado por haber sobrepasado sus capacidades de diseño.
Con el nuevo proyecto se estaría reduciendo la contaminación del mar, que actualmente recibe las aguas residuales sin tratamiento y se generaría un mayor dinamismo para el sector turismo.
El proyecto está en estructuración y transacción de facultades para que Proinversión pueda continuar con la gestión especializada en las fases correspondientes. Una vez que se haya logrado el consenso sería declarado de interés y se abre al mercado de manera que podrían presentarse terceros interesados con lo cual se adjudicaría bajo concurso o si no se presentan terceros se adjudicaría directamente al proponente.
El regidor Luis González Rosell cuestionó que la empresa proponente (española) se haga cargo después del cobro de los servicios, a través de Sedalib. Cuando las tarifas comiencen a subir la población se va a acordar de este Concejo, Además, se quiere seguir arrojando el agua al mar, sin tratarla y reutilizarla, criticó, adelantando estar en contra si los temas no se aclaran bien antes.
Sedalib tiene un terreno amplio en El Tablazo de Huanchaco para que allí se haga la planta de tratamiento; sin embargo, se pretende hacerla en Covicorti, pagando una suma importante por la compra del terreno. Que el proyecto se restructure, que la planta se haga en El Tablazo y que el agua se reutilice para la zona norte de Trujillo, que será la de extensión urbana para los próximos años, agregó.
El regidor Andrés Sánchez manifestó, por su parte, que este no era un tema nuevo. Ya se abordó con representantes del Ministerio de Vivienda y de Proinversión y se dijo que no procedía. Que esto se socialice con la población, que es finalmente la que pagará los recibos, precisó.
El representante de Proinversión dijo que de reestructurarse el proyecto cabe la posibilidad que al proponente privado no le convenga, no lo acepte, retire la iniciativa y ahí quedó todo. El Estado está en facultad de canalizarlo por otra modalidad, como iniciativa estatal cofinanciada, de continuar como iniciativa privada o si se cuenta con los recursos podría ejecutarlo como una obra pública. “Lo que estamos pidiendo ahora es simplemente el marco para poder continuar con el proyecto, remarcó.
