El presidente Martín Vizcarra atraviesa ahora por una nueva crisis política y enfrentaría también un nuevo proceso de vacancia. El motivo: un aspirante a colaborador eficaz en el caso “Club de la Construcción” afirmó a la Fiscalía que la empresa Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa) y su socia Astaldi pagaron un millón de soles a Vizcarra cuando este era gobernador regional de Moquegua, a cambio de otorgarle la buena pro de la obra Lomas de Ilo.
De acuerdo con una publicación de El Comercio, el aspirante a colaborador N° 10-2018 declaró ante el fiscal Germán Juárez Atoche -miembro del Equipo Especial “Lava Jato”- que en el 2013, año en el que Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, Obrainsa mostró interés en construir la línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego Primera etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo, proceso que fue convocado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
El consorcio Obrainsa-Astaldi obtuvo la buena pro el 27 de noviembre de ese año; sin embargo, días atrás -según el testigo- Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa se comunicó telefónicamente con el ahora jefe Estado y ambos se reunieron en las oficinas de la constructora.
Según la manifestación, allí, Vizcarra le dijo que le daría “información privilegiada”, la que consistía en revelar el presupuesto de 90 millones de soles para la obra. La convocatoria, precisamente, no detallaba el valor referencial.
Vizcarra le indicó a Tejeda que para adjudicarles el contrato debían presentar una propuesta sin exceder los 81 millones de soles. Hasta ese momento, el consorcio habrá presentado una propuesta de 86′454,818 soles.
El entonces gobernado regional le agregó a Tejeda que, culminada la evaluación, Unops le informaría de los resultados para que él manifieste su no oposición.
Pagos.
Luego entregada la adjudicación, Vizcarra solicitó el pago por “el apoyo otorgado”, por lo que la empresa giró dos cheques de 400 mil soles y 600 mil soles a Tobias Puerta Gutiérrez, conserje de las empresas, para el respectivo retiro.
La primera entrega al hoy presidente se hizo en enero del 2014 en la oficina de Obrainsa en San Isidro, en un sobre de manila. La segunda, bajo la misma modalidad, se concretó en abril.
Además, en diciembre de 2013, Vizcarra se comunicó con Tejeda para que “le alquile una avioneta”, pues necesitaba trasladar a algunas personas a Tacna o Ilo.
En la llamada telefónica en cuestión, le pidió que el costo del servicio sea “a cuenta de lo pactado”.
Finalmente, la constructora facturó por el servicio de la aeronave por 35,985 soles.
Además, Obrainsa acordó celebrar un contrato de asesoría por 1′352,385 soles para así justificar la entrega indebida del dinero.
La tarde de ayer también trascendió que a Elard Tejeda se le cambió los 18 meses de prisión preventiva que se le dictó en enero del 2018 por arresto domiciliario. El empresario estuvo dos años prófugo de la justicia.
También se supo que la semana pasada el fiscal Juárez interrogó a Tejeda en la Clínica San Felipe.
VACANCIA. Sobre el tema, el congresista José Vega (UPP) consideró que la denuncia demuestra graves indicios de corrupción que ameritan una nueva moción de vacancia.
“Es grave. Por lo tanto, promoveremos en el Parlamento la vacancia nuevamente del presidente”, adelantó.
En diálogo con RPP, aseguró que no es un simple “escándalo” de personas del entorno del mandatario, sino que existen evidencias claras sobre un vínculo de corrupción.
“De por medio habría coimas y corrupción. Entonces, consideramos y esperamos que las demás bancadas asumen una responsabilidad histórica ante el país y nos apoyen en la propuesta”, exhortó.
El upepista, autor y promotor de la primera vacancia contra Vizcarra por el caso “Swing”, comenzará hoy la recolección de firmas para presentar un segundo pedido para destituir a Vizcarra.
