Escribe:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista Colegiado
Según fuentes oficiales, la Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de 18 millones 374 mil 243 soles durante el ejercicio fiscal del año 2020 en la región La Libertad, en el que están involucrados 295 funcionarios públicos. Durante las acciones de control fueron identificadas 311 responsabilidades, 94 civiles y 156 de carácter penal.
Entre los hechos más comunes advertidos por el ente de control regional en La Libertad, destacan compras efectuadas durante la emergencia sanitaria al margen de la normativa de contrataciones, el incumplimiento permanente de los contratistas respecto a la totalidad de profesionales propuesto en su oferta con la anuencia de servidores y funcionarios de diversas instituciones, incumplimiento de los términos de referencia y expedientes técnicos, no aplicación de penalidades, entre otros.
Según el mismo informe, un 81% del dinero perdido estuvo destinado para la ejecución de obras, adquisición de víveres para los vulnerables por la pandemia, etc. Diez millones de soles pertenecían a la provincia de Trujillo.
El nivel de corrupción en la región La Libertad es preocupante, al igual como sucede en otras regiones del Perú. Y es que la corrupción no es de ahora, ésta, con el devenir de los años, se viene incrementando debido a la ineficacia e ineficiencia de los organismos encargados de combatirla.
Cuántas plantas de oxígeno y camas UCI se hubieran instalado en La Libertad para salvar vidas por la pandemia, con los 18 millones de soles perdidos por culpa de malos funcionarios coludidos con empresarios en la construcción de obras públicas ?
Por qué crece la corrupción ? Es innegable, por el poco rigor de los organismos pertinentes, empezando por la misma Contraloría General de la República, en especial de la sede regional de La Libertad, que solo se limita a informar de hechos de corrupción tras ser detectados y no realiza el seguimiento para comprobar si se han realizado las acciones administrativas, civiles y penales que recomienda.
Como todos sabemos, la Contraloría es un órgano sólo de control, pero no ejecutor de sanciones, por eso que detectadas las irregularidades y delitos de corrupción recomienda a los procuradores públicos anticorrupción para que ejecuten las acciones civiles y penales que hubiera lugar y recomienda a los titulares de los pliegos (alcaldes o gobernadores) las medidas administrativas en contra de los responsables.
Por ejemplo, de las 311 responsabilidades, 94 civiles y 156 de carácter penal, cuantas sanciones han sido ejecutadas por los procuradores o están en proceso?. El gerente regional de la Contraloría David Quiroga Paiva, es el llamado a responder a esta interrogante que se hace la ciudadanía preocupada por el avance de la corrupción en La Libertad.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción debería actuar con mayor celeridad, responsabilidad y tener profesionales idóneos, pues hay algunos fiscales que desconocen la naturaleza o materia de los que investigan, induciendo a que los jueces cometan errores durante los procesos. Los titulares de los pliegos, como el caso de los alcaldes, deberían cumplir con las recomendaciones que hace la Contraloría.
Es urgente que a la Contraloría General de la República se le otorgue facultades sancionadoras. Es el nuevo Congreso, que debe ser instalado en el mes de julio entrante, quién reforme las funciones de la Contraloría.
No permitamos que la corrupción avance en perjuicio de la población. Necesitamos obras, sí, pero bien hechas y con inversión honesta y transparente.
