Por:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista
Con la salud no se “juega”, es una frase muy indulgente, que la empleo para graficar que la salud es cosa seria y por lo tanto merece la atención primordial para curar alguna enfermedad en las personas, sin llegar al abuso o aprovechamiento económico.
Esta añeja y sabia recomendación, no es asimilada a cabalidad por quienes tienen la misión de atender a los pacientes desde el diagnóstico hasta el tratamiento; es decir es responsabilidad de los médicos y de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados.
Hay un acentuado mercantilismo en el tratamiento de la salud, sobre todo en el sector privado, en cuyos establecimientos, llámense consultorios y clínicas, abusan con sus usuarios. Claro que algunos podrían decir: si no tienen dinero no vayan a las clínicas.
No se trata de eso, sino de un trato justo, ético y por lo tanto humano. No por el hecho que un paciente vaya a una clínica particular tiene que ser objeto de abuso o explotación monetaria, como ocurre en Trujillo y otras partes, sin que los organismos fiscalizadores pongan coto a tan grave despropósito.
Ejemplo. Un paciente que solicitó una consulta oftalmológica en una clínica privada en Trujillo para beneficiarse del descuento por convenio con su colegio profesional, recibió la receta del médico, quién le recomendó comprar Hyalo -solución oftálmica- en la farmacia de la referida clínica.
El paciente adquirió el producto en la clínica de la avenida Húsares de Junín a 140 soles, según el recibo electrónico. Este mismo producto en las grandes cadenas de farmacia cuesta sólo 30 soles. Es decir, pagó casi 5 veces. Esto se llama usura y hasta es un delito.
Esta clínica en el 2020, en plena pandemia del covid 19, vendió -en su sede de Lima- Omeprazol a 165 soles la unidad, lo que cuesta un sol en cualquier farmacia pública, según caso publicado por el diario El Comercio.
Este abuso, no solo se daría en la farmacia de esta clínica, sino en otras. El “gancho” es la consulta a precio cómodo, pero explotan o “asaltan” al paciente con la venta de los medicamentos. Los colegios profesionales deberían revisar los convenios que tienen con estas clínicas y a la vez salir en defensa de sus agremiados.
Urge la intervención de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del MINSA, Gobierno Regional de La Libertad a través de la Gerencia Regional de Salud, la Fiscalía de Prevención del Delito, Indecopi y la Defensoría del Pueblo. La salud es primero, defendámosla.
