
A pesar de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la Defensoría del Pueblo, así como asociaciones estudiantiles y autoridades universitarias exhortaron al Congreso a acatar la sentencia dada por el Poder Judicial y no promulgar la ley de contrarreforma universitaria, el Parlamento decidió hacer caso omiso al dictamen y siguió adelante con su agenda.
Es así que en la edición del 21 julio del diario oficial El Peruano aparece publicada la ley Nº 31520, denominada también como “ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, con la que el Legislativo pretende desmantelar a la Sunedu y reestructurarla de modo que su funcionalidad sea cercana a lo que era la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), eliminada tras el establecimiento de la Ley Universitaria en 2014.
Para ello, se valen de la modificación de cinco artículos vitales de la norma fundacional de las reformas en la educación superior nacional: los incisos 1, 12, 15, 17 y 20. En particular, los cambios aprobados en el artículo 17 son los que han generado mayor preocupación, puesto que se daría pie al detrimento de la educación universitaria en favor de instituciones de baja calidad. Ello se debe a que esta parte de la Ley Universitaria estipula la composición del órgano más importante de la Sunedu, el Consejo Directivo, así como las condiciones para su elección.

