En la búsqueda por garantizar la fluidez y continuidad de las obras públicas en la región La Libertad y a nivel nacional, el ingeniero Tito Burgos destacó la importancia de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
«Este mecanismo tiene una función más que todo preventiva y sobre todo de poder evitar que las obras de la región se paralicen», indicó. Burgos enfatiza que la paralización de obras, un fenómeno que actualmente afecta al Perú con más de 2.298 obras inconclusas y una inversión estancada de más de 26 mil millones de soles, podría ser mitigado mediante la implementación efectiva de la JRD.
Según Burgos, la JRD no solo ofrece una función preventiva, sino también consultiva y decisoria. Agregó que esta instancia acompaña la ejecución de las obras desde su inicio hasta su culminación, ofreciendo asesoramiento y aconsejando a ambas partes involucradas. Además, subrayó que las decisiones tomadas por la JRD son vinculantes, lo que implica que deben ser respetadas y cumplidas por todas las partes, evitando así la paralización de las obras.
Sin embargo, Burgos también señaló que existe un problema de conocimiento y aplicación de este mecanismo. A pesar de que la normativa establece su obligatoriedad para obras mayores a 20 millones de soles, muchas entidades no lo incorporan en sus contratos por falta de conocimiento.
“Además, el costo de los servicios de la JRD no está incluido en el expediente técnico ni en el presupuesto del contratista, lo que dificulta su implementación. Ante esta situación, sería bueno que se considere incluir el costo de la JRD en el presupuesto de las obras y hacer obligatoria su cláusula para obras mayores a 20 millones de soles, como medida para asegurar su aplicación efectiva”, explicó.
En este sentido, Burgos hizo un llamado a los funcionarios y profesionales de ingeniería a considerar seriamente la implementación de la JRD en los proyectos de infraestructura. Recomendó acudir a instituciones confiables como el Colegio de Ingenieros y el Centro de Arbitraje de la Junta de Resolución de Disputas para recibir asesoramiento y servicios profesionales.
Además, destacó su labor de difusión y capacitación en universidades y empresas, con el objetivo de promover el conocimiento y la aplicación de este mecanismo crucial para evitar la paralización de las obras públicas y garantizar la prestación de servicios fundamentales a la ciudadanía, sobre todo en educación, salud, transporte y saneamiento.
