La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, justificó la emisión del decreto de urgencia (DU) sobre negociación colectiva porque se necesita ordenar la planilla del Estado, cortando pagos de sueldos que no están adecuadamente sustentados.
Ello, porque es necesario un manejo prudente y sostenible de las finanzas públicas.
Por ello, explicó en conferencia de prensa que convocó su despacho, se procedió a generar un marco legal sustentado en la Ley de Presupuesto, para desbloquear ese monto. “Nuestra primera hipótesis (sobre los S/ 2 mil millones) es que había un problema de subregistro en el monto de la planilla. En otros casos, nuestra hipótesis es que se podía explicar para algunas resoluciones administrativas que habían tomado algunas entidades, que no estaban adecuadamente sustentadas en el marco legal”, explicó.
Reposición. A su vez, el Juan José Martínez, presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), dijo que la reposición de trabajadores en el aparato estatal es un serio problema porque entre el 2015 y el 2019 han significado un costo potencial de S/ 1455 millones (en los tres niveles de gobierno) al Fisco, solo por mandato judicial. “Los jueces ordenan reposiciones fuera del parámetro constitucional, sin considerar que muchos trabajadores ingresaron sin concurso público de méritos, entre otros puntos”, explicó.
Sobre el DU de negociación colectiva, el Gobierno sustenta que esta norma está sujeta a un mandato de una disposición del Tribunal Constitucional, que entre otros puntos, precisa que todo acuerdo en torno a aumento de sueldos, estará en función de las posibilidades de las finanzas públicas.
Arbitraje
Según Servir, el Estado tiene pendiente de cancelar laudos arbitrales (por aumento de sueldos) en proceso, por S/ 119 millones, del 2019.