Escribe:
Segundo Núñez Patiño
Es decano nacional Colegio de Periodistas del Perú
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El Congreso, al menos, ha puesto en debate el problema de las pensiones del Estado, vía la ONP, con una Ley que autoriza la devolución de aportes de actuales y ex aportantes, que aún no reciben pensión, pero se han olvidado del problema principal, las miserables pensiones que se paga actualmente que oscilan entre 200 a 850 soles mensuales, toda una burla al trabajador que pasó 30 y hasta 50 años aportando al Sistema Nacional de Seguridad Social, sistema que fue creado por el Decreto Ley N° 19990, dado en 1973 por el régimen de Juan Velasco Alvarado, que fijó la pensión en un 50% del último sueldo del trabajador, que se solventaba con los aportes del trabajador, del empleador y de las utilidades que generen esos depósitos, más las multas a los empresarios que incumplan con el pago de esos aportes.
Pero esas pensiones, así como las que establece también el Decreto Ley N° 20530, dado por el mismo régimen, fueron congeladas por el régimen de Alberto Fujimori, y los siguientes gobiernos “democráticos”, no hicieron nada por devolver sus derechos a los pensionistas y, más bien, agregaron adendas, para seguir perjudicándolos, como decir que esos aportes forman parte de un “fondo común”, y que no son individuales como ocurre en las AFP, algo totalmente ilógico, porque cada aporte del trabajador y el empleador es individual, similar al aporte para un seguro de desempleo.
Para un reajuste de las pensiones, tanto el Gobierno como el Congreso, ahora que están de moda los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, saben que existe una Resolución del TC (Sentencia del 2019, Exp.0009-2015-PI/TC), que dispone un urgente reajuste de las pensiones de acuerdo al costo de vida. También existe ya una Ley (Ley 23908), que dispone que la pensión mínima debe ser de tres sueldos mínimos vitales, además del mandato constitucional que propone topes periódicos no menores al valor de una UIT.
Respecto a la Ley de devolución de aportes de la ONP, debemos decir: Está probado que los aportes son individuales y que el Estado es el tenedor de los mismos. Por tanto, los puede retornar a sus propietarios, y con lo cual no se viola el principio de intangibilidad, porque se los devuelve a sus legítimos dueños y no los utiliza para otros fines, como, al parecer, se ha venido haciendo. Que el Estado no tenga recursos, es otra cosa, pero actualmente en medio de los problemas de la pandemia, se ha demostrado que si existen recursos para otros fines, entonces también se puede gestionar este pago que señala la Ley del Congreso, pero en base a una iniciativa del Poder Ejecutivo, en vista de que esa Ley es inconstitucional, debido a que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, pues sus proyectos de ley “no pueden contener propuestas de creación ni aumento del gasto público” (Art. 76 Inc. 22.a del Reglamento del Congreso, que es Ley, con sustento constitucional).
Entonces, en esa situación, de mi larga experiencia como cronista parlamentario, considero que el Congreso puede aprobar una ley declarativa, una moción, o una ley otorgando facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a fin de que el Estado devuelva esos aportes de la ONP a sus propietarios. Esto, en vista de que los congresistas han dado una ley que autoriza gastos, sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Trabajo.
Por tanto, si realmente los congresistas deseaban una solución a esos aportes, debieron reunirse con los ministros y hasta con el Jefe del Estado, para llegar a un consenso y lograr una solución. Cabría el hecho de que no los habrían querido recibir, entonces la comisión en pleno debió hacer una vigilia en las puertas de esos ministerios y en Palacio, hasta lograr el esperado diálogo para buscar una solución.
En esta situación, cuando se ha pedido la opinión del TC, corresponde al Poder Ejecutivo buscar una solución acorde con la disponibilidad de recursos, de acuerdo a la Ley y la Constitución, y que el Señor Dios, nos ayude.
