Por:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista
Si realmente queremos que nuestros pueblos alcancen el desarrollo, el progreso y el bienestar que tanto necesitan, los futuros alcaldes y gobernadores regionales deben asumir el compromiso de conducir sus gestiones con responsabilidad, capacidad y transparencia, dejando de lado los intereses políticos y partidarios que, muchas veces, terminan perjudicando a la administración pública.
Uno de los grandes desafíos de las nuevas autoridades será la designación de los profesionales que ocuparán los cargos de confianza en las municipalidades y los gobiernos regionales. Gerentes, subgerentes, directores y otros funcionarios deben ser seleccionados, fundamentalmente, por sus méritos, preparación académica, experiencia profesional, capacidad de gestión y compromiso con el servicio público.
Lamentablemente, existe una práctica que debe desterrarse: considerar que los cargos de confianza son una especie de recompensa para quienes acompañaron al candidato durante la campaña electoral o pertenecen a su organización política. Esta visión partidaria de la administración pública no contribuye al desarrollo institucional y, en determinadas circunstancias, termina desplazando a profesionales altamente calificados.
Gobernar no significa pagar favores políticos, sino responder a las expectativas de la población.
Los alcaldes y gobernadores regionales deben comprender que, una vez elegidos, dejan de representar únicamente a sus partidos y pasan a ser autoridades de todos los ciudadanos. Por consiguiente, sus decisiones administrativas deben orientarse al interés general y no a satisfacer compromisos políticos adquiridos durante la campaña.
Además, muchas municipalidades y gobiernos regionales cuentan con profesionales que conocen profundamente la realidad institucional, dominan los procedimientos administrativos y poseen años de experiencia en la gestión pública. Son servidores que, por su preparación y trayectoria, podrían desempeñar con eficiencia mayores responsabilidades.
Sin embargo, en ocasiones, estos trabajadores son relegados para dar paso a personas ajenas a la institución, cuya principal credencial parece ser su cercanía con la autoridad de turno.
Esta situación no solamente desaprovecha el talento humano existente, sino que también debilita la continuidad de los proyectos, afecta la eficiencia administrativa y genera incertidumbre entre los trabajadores.
¿Por qué buscar profesionales fuera de la institución sin evaluar primero las capacidades de quienes ya conocen su funcionamiento? ¿Por qué anteponer la filiación política a la experiencia, la honestidad y la competencia profesional?
No se trata de afirmar que todos los profesionales de una institución deban ocupar cargos directivos ni de negar a las autoridades su facultad de designar funcionarios de confianza. Se trata de exigir que esas decisiones respondan a criterios objetivos, a las necesidades del servicio y al cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
La confianza política no debe confundirse con la capacidad para administrar los recursos públicos. Un buen gerente municipal o regional necesita liderazgo, conocimientos técnicos, experiencia, integridad y vocación de servicio. Sin estas condiciones, cualquier gestión corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de improvisación.
La meritocracia, por tanto, debe constituir un principio fundamental en la selección de los funcionarios. Designar a los mejores profesionales significa invertir en una administración más eficiente, capaz de ejecutar obras, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades más urgentes de la población.
Los ciudadanos no eligen a sus autoridades para que distribuyan puestos entre sus allegados, sino para que solucionen los problemas que afectan su calidad de vida.
Por ello, las nuevas autoridades municipales y regionales tienen la oportunidad de marcar una diferencia. Deben promover una cultura institucional en la que prevalezcan la capacidad, la transparencia y los resultados, sin discriminaciones por razones políticas.
El desarrollo de nuestros pueblos no puede depender de los compromisos partidarios, sino de la calidad de sus autoridades y funcionarios.
Es hora de comprender que los cargos públicos representan una responsabilidad frente a la ciudadanía y no un privilegio personal. Quienes tengan la preparación y la experiencia necesarias deben encontrar oportunidades para contribuir al progreso de sus instituciones.
Alcaldes y gobernadores regionales: la historia juzgará sus gestiones por las obras ejecutadas, los servicios mejorados y las oportunidades generadas para sus pueblos, no por la cantidad de militantes que colocaron en los cargos de confianza.
Menos cuotas partidarias, menos improvisación y más meritocracia. Ese debe ser el camino para construir municipalidades y gobiernos regionales eficientes, honestos y comprometidos con el bienestar de todos los peruanos.
