
Postulan al límite. Ocho candidatos a la presidencia de la República afrontan investigaciones penales en el Ministerio Público. Una situación que distraerá y afectará su desempeño, si uno de ellos logra ser elegido para dirigir el país, para el periodo de julio 2021 a julio 2026.
Adicionalmente, nueve partidos políticos participantes en las elecciones generales de abril próximo también están involucrados en investigaciones del Ministerio Público. Se sospecha que fueron infiltrados por organizaciones criminales para lavar dinero de origen ilícito o realizaron actos de corrupción para lograr su registro electoral.
Una primera consecuencia inmediata de esta situación es que las elecciones generales de abril próximo y la política en general del país se ven afectadas por las decisiones que toman los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Una investigación fiscal y judicial por delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios desde que se inician las primeras pesquisas hasta que se emite una decisión final y definitiva puede durar un promedio de ocho a 10 años.
La demora en las investigaciones y los procesos judiciales no es responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia ni de los abogados defensores. Es consecuencia de muchos factores. Falta de suficientes peritos para los exámenes contables y financieros, demora en obtener documentos, ya sea a nivel internacional o dentro del país, y los mismos plazos procesales y vacíos, entre una etapa y otra.
Todos sospechosos
Los candidatos presidenciales en problemas ante la justicia son Ollanta Humala, Daniel Urresti, Keiko Fujimori, César Acuña, Julio Guzmán, Fernando Olivera, Alberto Beingolea y George Forsyth.
Junto a ellos también se investiga a los grupos políticos Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, Partido Nacionalista Peruano (PNP), Partido Popular Cristiano (PPC), Apra, Podemos por el Perú, Unión por el Perú, Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado.
De ellos, los candidatos presidenciales Humala, Fujimori y Guzmán y los partidos políticos Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, PNP, PPC, Apra y Unión por el Perú están incursos en la megainvestigación del caso Lava Jato en el Perú.
El equipo fiscal que ve este caso les atribuye haber recibido, con su conocimiento, aportes de campaña de procedencia ilícita de la constructora brasileña Odebrecht.
Ese dinero ilícito, dice la Fiscalía, fue blanqueado, a través del aparato partidario, vía aportes simulados, para ser utilizado en los gastos de campañas en las elecciones 2006, 2011, 2016 o en beneficio personal de los líderes de los partidos.

