• Regidores de la MPT argumentaron que se les ocultó información para el primer acuerdo de Concejo.
• No sabían que hay un terreno a título ofrecido por Sedalib en el Tablazo de Huanchaco ni que la obra sería concesionada a un privado por 20 años.
TRUJILLO/ Por 12 votos a 3 se declaró fundada la reconsideración que habían presentado 10 regidores del concejo municipal de Trujillo, y se dejó sin efecto el acuerdo por el cual se había aprobado la expropiación de 30 hectáreas en Covicorti para la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
Entre los argumentos expresados por los regidores, en los que destacaron las exposiciones de Sandra Trujillo, Jorge Vásquez, Luis Miguel González Rosell y Andrés Sánchez entre otros, se dijo que en la primera sesión donde se aprobó la expropiación no se había invitado a SEDALIB, ex profesamente al parecer para que los regidores no supieran que esta entidad ha ofrecido un terreno de 50 hectáreas gratuito, de su propiedad y saneado totalmente, mientras que el terreno de Covicorti está en un largo litigio, por lo que su propiedad no se tendría hasta que acabe el litigio, aún cuando se deposite judicialmente su costo mediante tasación.
Otro punto clave, fue el hecho que no existe un estudio de impacto ambiental, necesario porque hay población muy cercana ni tampoco se ha sociabilizado con los vecinos de las urbanizaciones cercanas y con los alcaldes y población de los distritos Víctor Larco y Huanchaco a donde se derivarían las aguas tratadas.
Por último, en la sesión recién se enteraron los regidores que el proyecto consiste en una asociación público – privada y que las plantas a construirse a un costo mayor de 2500 millones de soles serán ejecutadas por un privado y luego concesionadas a ese mismo privado por 20 años, ignorando cuánto de ese costo se cargará al usuario. Es decir, al final el proyecto no lo pagaba la MPT ni el Ministerio de Vivienda, no era una obra pública como se decía, sino la inversión será del privado a quien se le concesionará por 20 años y este cobrará al usuario recuperando su inversión más su ganancia, al final los 2500 millones lo pagarían los trujillanos, de ejecutarse el proyecto.
Por todas estas consideraciones, doce regidores votaron a favor de dejar sin efecto el acuerdo, recomendando que se lleven a futuro mesas de trabajo técnicas entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la consultora contratada para la ejecución del proyecto, la MPT y SEDALIB, el ente técnico local, a quien hasta hoy se le ha denegado el conocimiento de la ficha técnica alegando una cláusula de “confidencialidad”. Algo absurdo porque SEDALIB es quien maneja las actuales lagunas de oxidación, que tendrían que cerrarse y ser reemplazadas con estas gigantescas plantas de tratamiento de aguas residuales.
