OTUZCO/// En un acto que no solo desafía la transparencia sino que directamente contraviene las normativas vigentes, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Otuzco, Julio Mantilla Aguilera, ha emitido el Decreto de Alcaldía N° 002-2025-MPO-LL, con fecha del 22 de mayo de 2025, modificando de forma unilateral y arbitraria el lugar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta decisión, lejos de promover la participación, la restringe drásticamente, levantando serias sospechas de un intento deliberado por limitar la fiscalización ciudadana.
El punto central de la polémica radica en el descarado incumplimiento del plazo de convocatoria. El «Instrumento Técnico Orientador para el desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas de gobiernos regionales y gobiernos locales», aprobado por la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 015-2024-PCM/SD, establece claramente la necesidad de convocar a la población con 30 días de anticipación.
El Decreto de Alcaldía N° 001-2025-MPO-LL, que fijó el cronograma inicial, fue emitido el 30 de abril de 2025, proyectando la audiencia para el 30 de mayo de 2025. Sin embargo, el cambio de ubicación a través del Decreto de Alcaldía N° 002-2025-MPO-LL se realiza apenas ocho días antes de la fecha de la audiencia y con la inscripción de participantes aún en curso.
Este cambio de última hora, sin la debida antelación para informar y permitir la adecuación de los ciudadanos, es una flagrante violación de las buenas prácticas y las normas de transparencia.
La audiencia, que inicialmente debía realizarse en la capital provincial, ha sido trasladada al Centro Poblado de Llaugueda, un lugar situado a aproximadamente dos horas de distancia de la ciudad de Otuzco.
Este desplazamiento geográfico representa una barrera insalvable para una gran parte de la población otuzcana, especialmente para aquellos con recursos limitados o dificultades de movilidad, que legítimamente deseen ejercer su derecho a la fiscalización.
La justificación de «descentralizar» la audiencia mediante un expediente administrativo suscrito por el alcalde del Centro Poblado de Llaugueda, se desvanece ante la evidencia de que esta medida dificultará masivamente la participación, en lugar de facilitarla.
La Defensoría del Pueblo, en su comunicado del 27 de mayo de 2025, ha sido enfática al recordar a los gobiernos regionales y municipalidades la obligación de desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas, destacando la importancia de tener en cuenta el Instrumento Técnico Orientador de la PCM.
La Defensoría, supervisa activamente el desarrollo de estas audiencias a nivel nacional, ha señalado que estos espacios deben incorporar medidas que permitan la participación de la población «sin ningún tipo de discriminación».
Al trasladar la audiencia a un lugar tan remoto y sin un plazo de convocatoria adecuado, el alcalde Mantilla ignora directamente estas exhortaciones y, de hecho, discrimina a aquellos que no pueden costear el viaje o dedicar un día entero a la misma.
Las audiencias públicas de rendición de cuentas no son un mero trámite. Son, como bien lo subraya la Defensoría del Pueblo, «mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer control sobre el gasto público, participar activamente en la formulación de iniciativas que procuren mejoras a favor de la comunidad y garantizar que las decisiones que se adopten respondan a las necesidades reales de la población».
La actuación del alcalde Julio Mantilla, al modificar antojadizamente el lugar de la audiencia y no respetar los plazos mínimos de convocatoria, vacía de contenido este importante ejercicio democrático. La municipalidad, bajo esta gestión, parece querer una rendición de cuentas a la medida, lejos de los ojos críticos de sus mandantes.
La población de Otuzco no debe quedarse de brazos cruzados. La transparencia y la participación efectiva son pilares de la democracia local. La Defensoría del Pueblo tiene ahora un claro caso para investigar la vulneración de derechos ciudadanos en la gestión del alcalde Mantilla.
