DELITO O ILÍCITO PENAL ES OBLIGAR A TRABAJAR A EMPLEADOS CON SÍNTOMAS O INFECTADOS POR COVID-19
- La SUNAFIL recibe denuncias de trabajadores afectados vía virtual
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en coordinación con el Ministerio de Trabajo, está sancionando a los empleadores (empresas) que obliguen a sus trabajadores ir a laborar, cuando por emergencia no están obligados, peor si tienen síntomas o estén infectados por el COVID-19.
SUNAFIL es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo.
DENUNCIAS EN TRUJILLO
En La Libertad, SUNAFIL habría recibido una serie de denuncias de trabajadores del sector privado y también de entidades del sector público, como las OPDs de las municipalidades, que se rigen bajo las normas del Decreto Legislativo 728, que dan cuenta que gerentes y subgerentes están obligando a sus empleados a laborar, aun cuando al tener síntomas han pasado las pruebas de riesgo resultando positivos al mal.
“Es sumamente grave, es un delito o ilícito penal, que los funcionarios de entidades públicas, que se rigen bajo el DL 728, estén obligando a sus trabajadores con síntomas, infectados y vulnerables que vayan a trabajar, más aun cuando estas entidades no cumplen con el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Es un grave atentado contra la vida y la salud de las personas», declaró el abogado laboralista Percy Ortecho.
Explicó que los gerentes o subgerentes son los responsables ante la ley de controlar e identificar el riesgo de exposición de los trabajadores frente al COVID-19, así como asegurar que los trabajadores a su cargo cuenten con la protección adecuada para evitar riesgos en su salud.
Por otro lado, se supo que durante el período de cuarentena, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) recibió 21,735 denuncias virtuales de trabajadores, a nivel nacional.
El ente fiscalizador informó que se trataron de 4,645 denuncias por despido arbitrario, 4,638 por liquidación o pago de beneficios sociales (gratificación, bonificación, CTS y vacaciones), 2,630 por remuneraciones, 941 por seguridad y salud en el trabajo, y 607 por participación de utilidades.
Durante este periodo, trabajadores y empleadores contaron con tres canales para formular sus consultas laborales: dos líneas telefónicas y el aplicativo Sunafil Responde. En total se atendieron 81,528 consultas.
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