Related Articles
La bancada de Alianza para el Progreso, por iniciativa del congresista Omar Chehade, presentó el proyecto de ley de reforma constitucional que buscar eliminar la inmunidad parlamentaria.
En concreto, la propuesta busca cambiar el artículo 93 de la Constitución que actualmente señala:
«Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento».
De aprobarse la norma, el artículo 93 de la Constitución quedaría así:
“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación por actos propios de su representación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto, en sus considerandos, advierte que la propuesta de eliminar el tercer párrafo del artículo 93° de la Constitución, «que impedía el procesamiento y arresto de los parlamentarios, se condice con unas de las principales políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es el fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho; desterrando así del imaginario popular la infausta idea expresada en esa tristemente célebre frase de: otorongo no come otorongo”.
En el documento se señala que los congresistas representan a la Nación, “por lo que esta debe darles las garantías para el ejercicio de sus funciones, de forma que no se sientan coactados ni presionados cuando les corresponda ejercer su cargo”.
“La finalidad de dicha protección -que se conoce en el derecho constitucional como la inmunidad parlamentaria- es que los congresistas no se intimiden ni se encuentren sujetos a amenazas que limiten su acción cuando tengan que tomar decisiones o realizar investigaciones sobre los temas de interés general en los que se encuentre el interés público de por medio”, indica.
Resalta la necesidad de “despojar a la investidura congresal de privilegios que colisionen con el principio constitucional de igualdad ante la ley que debe prevalecer entre todos los ciudadanos; preservando solo aquellos necesarios a asegurar la libertad e independencia de la función parlamentaria”.
Destaca que el Congreso necesita legitimarse ante la opinión ciudadana, por haberse “venido a menos en los últimos veinte años, a raíz de conocidos casos de corrupción como el de los congresistas tránsfugas, congresistas topos, ladrones de gasolina, entre otros”.
“Debe tenerse presente que, una de las causas más gravitantes de la crisis política de los últimos tiempos (período 2016-2019) fue la resistencia de algunas bancadas parlamentarias a levantar la inmunidad de congresistas que estaban siendo requeridos por el Poder Judicial, generando el rechazo de la ciudadanía a todo el Congreso con las consecuencias por todos conocidas”, refiere.
Sobre los efectos de la norma en la legislación nacional, se precisa que en lo institucional, contribuirá a legitimar ante el pueblo al Poder Legislativo y a los congresistas, quienes dejarán de ser vistos como “dotados de privilegios personales o provistos de un mecanismo de protección que le permita abusar de su investidura para mantenerse en la impunidad en caso de tener deudas con la ley”.
