

Escribe:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista Colegiado
En el 2007 cuando César Acuña asumió la alcaldía de Trujillo, luego de ganar el 19 de noviembre del 2006 las elecciones municipales, encontró que los servicios de limpieza pública y policía municipal estaban tercerizados a través de services, convertidas en vil instrumento de explotación.
Respecto a estas services contratadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, como muchas en todo el país, habían desnaturalizado sus objetivos convirtiéndose en instrumentos de explotación laboral en pleno siglo XXI. Además, con la buena pro de los servicios municipales eran favorecidas services de allegados a ciertos funcionarios ediles.
Fue durante el régimen fujimorista que se creó las services, luego de haber despedido a más de 300 mil trabajadores públicos, al instituir la figura del despido arbitrario, que permitía a los empleadores despedir a trabajadores sin mayor explicación y justificación.
De esta forma nacieron los services, que son una suerte de intermediación laboral mediante tercerización en las contrataciones, y que, a través de contratos de servicios no personales y contratos de locación de servicios, vulneraban los derechos fundamentales de los trabajadores.
Esta modalidad de intermediación laboral es una tendencia que fue creciendo. En Perú hasta 2019 existían alrededor de 650 empresas registradas que prestan estos servicios y más de 100,000 personas trabajan bajo esta figura, que va desde la cobertura temporal de una posición, hasta brindar servicios complementarios y especializados.
Este tema lo abordamos hoy, luego que en el pleno del Congreso de la República fuera aprobada la ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines, que prestan los obreros municipales.
En consecuencia en adelante esta ley prohíbe a los gobiernos locales la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora de ornato local y afines, que presten obreros municipales, que en adelante tendrán como único empleador a los gobiernos locales.
Aunque esta ley es un avance, debió ser universal, como es el espíritu de las leyes, y no sólo para un segmento laboral. Debería ser aplicada a otros servicios públicos en donde laboran miles de obreros y empleados que son vilmente explotados por las services. Es decir, todas las services deberían ser eliminadas, entre ellas las que prestan servicios a las empresas que administran el servicio de agua potable y alcantarillado, como las que hay en Sedalib e Hidrandina.
La referencia que hacemos es real. En el 2007, las services de limpieza pública y policía municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo recibían 1,100 soles mensual por cada trabajador, pero éstas pagaban al obrero tan solo 500 soles. Ganancia “redonda” a costa del sudor de los sufridos obreros, que necesitan llevar el pan a sus familias. Fue por eso que el entonces alcalde César Acuña eliminó las services y creó el SEGAT, para que los trabajadores reciban sus remuneraciones y beneficios sociales de manera directa, aunque estos trabajadores desde el 2007 a la actualidad siguen ganando igual 950 soles mensual y necesitan con justicia mejorar sus remuneraciones, pues el costo de vida creció con los años.
El Estado no solo debe fomentar el empleo, sino también promover remuneraciones justas para una vida digna, porque los obreros también tienen derecho al bienestar y a la felicidad. Los políticos que llegan al poder deben humanizar sus gestiones, y no solo orientarlas a sembrar cemento en la ciudad. Hay que ejercitar una gestión de rostro humano.
Reiteramos el pedido al Congreso para que extienda la ley, a fin de eliminar las services que se han instalado en herramientas de explotación laboral en el sector público.

