
LA LIBERTAD/ El Colegio de Periodistas del Perú, que es un organismo creado por ley para representar a las mujeres y hombres que ejercen el periodismo en el país, debe ser invitado a integrar la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Así lo propone Manuel Rodríguez Romero, candidato a segundo vice decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, en la lista que encabeza como postulante a decano Miguel Angel Calderón Paz y llevará como primer vice decano a Alberto “Tito” Castillo.
Señala que el nuevo gobierno de Pedro Castillo esta incurriendo en el mismo error de los gobiernos anteriores, que consideraron como interlocutor sólo al Consejo de Prensa Peruana (CPP), que asocia a los dueños de los grandes medios de comunicación tradicionales.

Manuel Rodríguez expresa que el Colegio de Periodistas del Perú en las últimas décadas ha sido marginado de integrar foros de análisis y lucha contra la corrupción, esto debido también a la inercia de los dirigentes del gremio legal representativo de los periodistas.
En la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no solo debe estar el Consejo de Prensa Peruana, sino sobre todo el Colegio de Periodistas de La Libertad, que agrupa a quienes ejercen realmente el periodismo y tienen mayor conocimiento sobre la corrupción.
Saludó el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para emprender una fuerte lucha contra quienes se aprovechan de las arcas fiscales para lucrar y enriquecerse. Por eso es importante que a esta Comisión se integre al Colegio de Periodistas del Perú, a través de su decano o de quien designe ese organismo nacional.
La presidencia de dicha comisión es ocupada por el presidente del Consejo de Ministros. En la gestión de Francisco Sagasti, fue Violeta Bermúdez quien se mantuvo como titular del grupo.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) hasta ahora está integrada por instituciones públicas, privadas y la sociedad para articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.
Cuenta con 10 miembros plenos como los titulares del Congreso de la República, Poder Judicial, Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades, la Junta Nacional de Justicia y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional.

