

Por:
Manuel Rodriguez Romero
Periodista
La empresa que tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar el agua potable y el saneamiento de miles de familias liberteñas parece estar más preocupada por sus conflictos internos que por resolver sus problemas institucionales y operativos.
¿Qué está pasando en Sedalib? ¿Quién gobierna realmente esta importante empresa de saneamiento? ¿Dónde quedaron la responsabilidad, la transparencia y la capacidad de gestión que exige una institución de esta naturaleza?
Las interrogantes no son gratuitas. En los últimos meses, Sedalib se ha convertido en escenario de controversias, cuestionamientos entre sus propios directivos y preocupantes denuncias sobre su funcionamiento administrativo y operativo.
Las discrepancias entre el presidente del Directorio, Frank Sánchez Romero, el gerente general, Ricardo Leyva Vargas, y el director Ricardo Delgado Arana han trascendido los espacios institucionales. Este último ha cuestionado severamente la conducción de la empresa y denunciado limitaciones para acceder a información necesaria para cumplir su función fiscalizadora.
Pero hay asuntos mucho más delicados.
La Contraloría General de la República, mediante el Informe N.° 004-2026-OCI/0264-SVC, del 11 de marzo de 2026, advirtió situaciones adversas relacionadas con la infraestructura, los pozos tubulares y las condiciones sanitarias de las instalaciones.
A ello se suman las advertencias sobre la preparación de Sedalib frente a eventuales lluvias intensas y al fenómeno El Niño. ¿Estamos realmente preparados para evitar que Trujillo vuelva a sufrir restricciones de agua potable como ocurrió durante el ciclón Yaku?
Mientras tanto, las discrepancias sobre el mantenimiento de los 57 pozos tubulares han generado versiones contrapuestas entre directivos y funcionarios. La población merece conocer, con documentos y evidencias técnicas, cuál es la verdadera situación.
Tampoco puede pasar inadvertido el diagnóstico financiero. Un informe de ComexPerú, difundido en octubre, incluyó a Sedalib entre las empresas prestadoras con indicadores de sostenibilidad financiera que requieren atención.
Y como si todo esto fuera poco, ahora surgen cuestionamientos por la oportunidad de promover cambios en la representación municipal ante el Directorio, cuando la actual administración provincial está próxima a concluir.
Sedalib no puede convertirse en escenario de disputas personales, intereses políticos ni repartijas de cargos, como lo ha sido desde hace 40 años. Tampoco puede ser una institución donde la fiscalización se perciba como una amenaza y no como una obligación.
Lo que necesita esta empresa es una conducción técnica, profesional y transparente; directivos comprometidos con los resultados y funcionarios que respondan a las necesidades de la población.
El agua potable no tiene color político ni pertenece a ningún grupo de poder. Es un derecho fundamental y un servicio indispensable para la vida.
La Municipalidad Provincial de Trujillo, el Gobierno Regional, la SUNASS y los organismos de control tienen responsabilidades que no pueden eludir.
Es hora de poner las cartas sobre la mesa: conocer la verdadera situación económica, administrativa y operativa de Sedalib, esclarecer las denuncias, transparentar sus decisiones y establecer responsabilidades donde corresponda.
¡Sedalib no es propiedad de sus directivos ni de quienes circunstancialmente ocupan cargos públicos! Es patrimonio de todos los liberteños. Ahora proponer un nuevo director que represente a la municipalidad mediante acuerdo de Concejo Municipal de Trujillo es una jugada política y no técnica, por lo tanto no valida ad portas de un nuevo gobierno edil.
La ciudadanía no quiere peleas de directorio ni enfrentamientos mediáticos. Quiere agua en sus hogares, un servicio eficiente y autoridades que estén a la altura de sus responsabilidades.
¡El agua no puede esperar!

