OPINIÓN/// «Se prepararon para servir al Estado, pero el Estado les cerró las puertas».

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Por:

Manuel Rodríguez Romero

Ex decano del Colegio de Periodistas de La Libertad

 Hay una realidad poco visible, pero profundamente injusta, en la administración pública peruana: la existencia de cientos de profesionales que, después de muchos años de servicio, continúan relegados en sus propias instituciones, pese a contar con experiencia, capacidad y una sólida formación académica. Son los grandes olvidados del Estado.

Hablamos de trabajadores de los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades que no se conformaron con obtener un título profesional. Muchos continuaron estudiando, sacrificando tiempo, recursos económicos y horas de descanso para alcanzar una maestría, un doctorado, especializaciones y otros grados académicos. Lo hicieron con la esperanza de crecer profesionalmente, aportar sus conocimientos y asumir mayores responsabilidades en el aparato estatal.

Sin embargo, cuando llega una nueva autoridad al poder, la meritocracia parece pasar a un segundo plano. Los cargos de gerentes, subgerentes, directores y responsables de importantes unidades orgánicas suelen convertirse en espacios de designación política y de confianza. En no pocas ocasiones, quienes llegan a conducir las instituciones prefieren rodearse de personas de su entorno político, allegados o conocidos, antes que mirar dentro de sus propias organizaciones y reconocer el talento humano que tienen a disposición.

Y aquí surge una interrogante inevitable: ¿para qué se capacitan los trabajadores del Estado si, cuando reúnen los méritos y la experiencia necesarios, no son considerados para asumir responsabilidades de dirección?

En las municipalidades, por ejemplo, existen profesionales que conocen perfectamente la realidad institucional, dominan los procedimientos administrativos, conocen las necesidades de sus jurisdicciones y acumulan años de experiencia en sus respectivas áreas. Algunos tienen maestrías y doctorados; otros han seguido programas de especialización y actualización permanente. Sin embargo, cuando se producen los cambios de gestión, muchos son relegados, marginados o simplemente ignorados.

En su lugar, se designa a personas que llegan con la nueva administración, algunas de las cuales recién empiezan a conocer el funcionamiento de la institución. No se trata de cuestionar la facultad legal de las autoridades para designar funcionarios de confianza, sino de preguntarnos si esas decisiones responden realmente a criterios de capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento de la gestión pública.

El problema no es que existan cargos de confianza. El problema aparece cuando la confianza política termina desplazando sistemáticamente al mérito profesional.

Esta práctica también tiene consecuencias institucionales. Se pierde experiencia acumulada, se debilitan los equipos técnicos, se interrumpen procesos administrativos y se desaprovecha una inversión que el propio trabajador ha realizado en su formación. Además, se genera frustración entre quienes, después de tantos años de esfuerzo, comprueban que sus conocimientos no son valorados por las autoridades de turno.

El Estado no puede seguir funcionando como si cada cambio de gobierno significara empezar de cero. Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales necesitan continuidad técnica, profesionales competentes y funcionarios que conozcan la administración pública. La gestión institucional no debería depender exclusivamente de las simpatías o compromisos políticos de quienes llegan al poder.

La meritocracia no debe ser solamente una palabra bonita en los discursos oficiales ni un principio escrito en las normas. Debe convertirse en una práctica cotidiana. Los grados académicos, la experiencia laboral, la trayectoria profesional y los resultados obtenidos deben ser considerados al momento de seleccionar a quienes tendrán la responsabilidad de conducir las instituciones.

Naturalmente, tener una maestría o un doctorado no garantiza, por sí solo, ser un buen gerente. También se necesitan liderazgo, honestidad, capacidad de decisión, vocación de servicio y resultados. Pero ignorar a quienes reúnen esas condiciones, únicamente porque no pertenecen al entorno político de la autoridad, constituye un desperdicio del capital humano del Estado.

Es hora de mirar hacia adentro de las instituciones. Allí están esos profesionales que durante años han sostenido el funcionamiento de la administración pública, que conocen sus fortalezas y debilidades y que, pese a las dificultades, han seguido preparándose.

No piden favores ni privilegios. Aspiran a que se reconozcan sus méritos y se les brinden oportunidades para demostrar su capacidad.

Porque gobernar no significa repartir puestos entre allegados. Gobernar significa elegir a los más capaces para servir a la ciudadanía.

Un Estado que margina a sus profesionales preparados termina desperdiciando su mayor riqueza: el talento humano. Y una administración pública que privilegia la cercanía política sobre la capacidad profesional difícilmente podrá alcanzar la eficiencia, la modernización y el desarrollo que los ciudadanos reclaman.

Manuel Rodríguez



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