Por Carlos Olivares Torres
Periodista
En la administración pública existen decisiones que, por su naturaleza política, pueden adoptarse dentro de las facultades del Gobierno. Sin embargo, cuando esas decisiones recaen sobre funcionarios cuya gestión ha sido reconocida por su capacidad de trabajo, coordinación institucional y presencia permanente en el territorio, lo mínimo que espera la ciudadanía es una explicación.
La reciente conclusión de la designación del prefecto regional de La Libertad, Dr. Carlos Rodríguez Rodriguez, ha despertado más preguntas que respuestas. La resolución emitida por el Ministerio del Interior simplemente oficializa su salida del cargo, pero no expone las razones que motivaron la decisión. El silencio oficial alimenta inevitablemente las especulaciones.
Durante cerca de veinte meses de gestión, Carlos Rodríguez mantuvo una activa coordinación con la Policía Nacional, los subprefectos, las autoridades locales y diversas organizaciones sociales. En una región compleja como La Libertad, golpeada por la delincuencia organizada, la conflictividad social y las emergencias provocadas por fenómenos naturales, la figura del prefecto exige liderazgo, capacidad de diálogo y presencia constante.
Más allá de cualquier simpatía política, la evaluación de un funcionario debería sustentarse en sus resultados. Si un servidor público cumple eficientemente con sus responsabilidades, fortalece la institucionalidad y mantiene una adecuada relación con la ciudadanía, su continuidad debería responder a criterios técnicos antes que a cálculos políticos.
No es un secreto que los cargos de prefecto son de confianza y que el Poder Ejecutivo tiene la facultad legal de designarlos o removerlos. Esa potestad es incuestionable. Lo que sí puede cuestionarse es la ausencia de transparencia cuando una decisión de esta naturaleza afecta a una autoridad cuya gestión no había sido objeto de observaciones públicas ni de cuestionamientos por incumplimiento de funciones.
La democracia también exige rendición de cuentas. Cuando un Gobierno cambia a un funcionario eficiente sin ofrecer explicación alguna, deja espacio para toda clase de interpretaciones: reacomodos políticos, cuotas partidarias o simples decisiones administrativas. Mientras no exista una versión oficial, todas ellas seguirán siendo únicamente hipótesis.
Las instituciones públicas necesitan estabilidad. Los cambios permanentes debilitan la continuidad de las políticas públicas y afectan la confianza ciudadana. El Estado no puede funcionar únicamente bajo la lógica de los relevos políticos, sino bajo el principio del mérito y los resultados.
La Libertad atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente en materia de seguridad ciudadana. En este contexto, remover a un funcionario que había logrado articular esfuerzos entre diversas instituciones merece, por respeto a la población, una explicación clara y convincente.
La ciudadanía no cuestiona el derecho del Gobierno a cambiar a sus funcionarios. Lo que exige es conocer por qué se reemplaza a quien aparentemente estaba cumpliendo con eficacia su responsabilidad. La transparencia fortalece la democracia; el silencio solo alimenta las dudas.
Porque cuando un funcionario trabaja, obtiene resultados y genera estabilidad institucional, la pregunta no debería ser quién ocupará su lugar, sino por qué fue necesario retirarlo.
