Por Rubén Vásquez R.
Comunicador Social
En una región donde los conflictos por el acceso y la protección del agua se han convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible, resulta imposible pasar por alto el reconocimiento que la propia población de Huaranchal y Gran Chimú ha expresado hacia las autoridades políticas que recientemente el Ministerio del Interior les dio por concluidas su designación.
El comunicado emitido por el Comité de Defensa de las Cabeceras de Cuenca y Afluentes del Alto Chicama (CODECHIC) no solo cuestionan las decisiones adoptadas por el MININTER. También deja constancia de un hecho relevante: el ex prefecto regional de La Libertad, Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez; el ex subprefecto provincial de Gran Chimú, Frank Yoel Alva Moren; y el ex subprefecto distrital de Huaranchal, Víctor Mauro Herrera Abanto, asumieron una posición activa en defensa de los recursos hídricos de la zona y de las preocupaciones legítimas de la población frente al avance de actividades mineras en cabeceras de cuenca.
La defensa del agua no es una bandera política ni ideológica. Es una obligación moral y una responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. El agua constituye el recurso más valioso para las comunidades rurales, para la agricultura familiar, para la ganadería y para la propia supervivencia de las futuras generaciones. Por ello, cuando una población percibe riesgos sobre las fuentes que abastecen sus territorios, corresponde al Estado garantizar espacios de diálogo, prevención y solución de conflictos.
Precisamente ese fue el papel que desempeñaron las autoridades políticas ahora apartadas de sus cargos. Durante los últimos meses participaron en reuniones, coordinaciones y acciones orientadas a escuchar a la población y canalizar sus demandas por vías institucionales. No se trató de una actitud confrontacional ni de oposición a la inversión privada, sino del ejercicio responsable de una función pública destinada a preservar la paz social y prevenir escenarios de conflictividad.
Resulta significativo que el pronunciamiento de CODECHIC destaque que la remoción de autoridades políticas se produzcan en momentos en que el distrito de Huaranchal enfrenta una creciente preocupación por el proyecto minero impulsado por Igor Mining Exploration S.A.C. en una zona considerada estratégica para el abastecimiento de agua. Más allá de las posiciones a favor o en contra de la actividad minera, existe un principio fundamental que no puede ser ignorado: cualquier proyecto de inversión debe desarrollarse respetando el derecho de las poblaciones a ser informadas, escuchadas y a participar en las decisiones que afectan su entorno.
La experiencia nacional demuestra que los conflictos sociales vinculados a la minería no surgen únicamente por la presencia de las empresas, sino por la ausencia de canales efectivos de diálogo y por la percepción de que las preocupaciones ciudadanas no son atendidas oportunamente. En ese contexto, la labor de prefectos y subprefectos adquiere especial importancia como representantes políticos encargados de articular la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Por ello, la decisión de retirar simultáneamente a autoridades que venían participando en la gestión de esta problemática genera legítimas interrogantes en la población. Más aún cuando dichos cambios se producen a pocas semanas de la instalación de un nuevo gobierno nacional y cuando las comunidades requieren continuidad en la atención de asuntos sensibles para su estabilidad social.
La defensa del agua es hoy una causa que trasciende partidos, gobiernos y coyunturas. Es una demanda ciudadana respaldada por principios constitucionales y por el derecho de las comunidades a preservar los recursos naturales que garantizan su desarrollo. Las autoridades políticas están llamadas a actuar con neutralidad, pero también con firmeza cuando se trata de proteger los intereses colectivos y promover soluciones dialogadas.
El reconocimiento expresado por CODECHIC hacia las ex autoridades políticas de La Libertad, Gran Chimú y Huaranchal constituye una muestra de que la población valora a quienes cumplen su función escuchando a la gente y acompañando sus preocupaciones. Más allá de los cargos y las resoluciones administrativas, queda una lección importante: ejercer autoridad también significa defender el agua, promover el diálogo y contribuir a la construcción de consensos en beneficio de las comunidades.
Porque cuando está en juego el futuro de las cabeceras de cuenca, lo que se protege no es solamente un recurso natural. Se protege la vida misma.
