Por Manuel Rodríguez Romero
Periodista
La corrupción en las instituciones públicas no solo se mide por el dinero perdido o por los contratos irregulares que terminan beneficiando a intereses particulares. Su impacto más grave ocurre cuando se vulnera el patrimonio destinado a fines sociales y se priva a los sectores más necesitados de recursos que les pertenecen por derecho. Eso parece haber ocurrido, con los bienes de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT), no en la actual gestión sino hace algunos años.
El caso del cementerio Jardines de la Paz en su momento encendió las alarmas sobre la administración de los bienes de la Beneficencia. Un exgerente y el asesor jurídico de la institución, fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras detectarse irregularidades en la firma de una adenda que amplió por treinta años la concesión del camposanto ubicado en Mampuesto, a una empresa privada.
Lo más cuestionable es que dicha ampliación se realizó en julio de 2022, pese a que el contrato original recién vencía en febrero de 2028. Es decir, se adelantó seis años una decisión de enorme trascendencia patrimonial sin contar, según la Contraloría General de la República, con las evaluaciones técnicas correspondientes.
Sin embargo, el problema no es reciente ni aislado. Desde hace décadas, la Beneficencia vino perdiendo progresivamente propiedades y espacios que debieron servir para sostener programas sociales, albergues y obras de asistencia para la población vulnerable.
Tengo la autoridad moral porque fui director de la SBPT entre 1991 y 1995 para reconocer la importancia social que tiene el patrimonio de la Beneficencia y el enorme daño que ocasiona su manejo irresponsable.
Por ello, resulta indispensable también esclarecer el destino del fundo Santo Tomás, un terreno de aproximadamente 10,500 metros cuadrados ubicado detrás del excomplejo Chicago, en la urbanización Las Casuarinas. Dicho predio fue donado por la familia Ganoza-Delfín con un objetivo claramente establecido: construir un albergue para niños huérfanos.
Sin embargo, la realidad parece distanciarse completamente de la voluntad de los donantes. El terreno fue entregado en cesión de uso por treinta años a una empresa procesadora de lácteos para la construcción de un colegio privado.
La escritura pública inscrita en Sunarp señala que el 50 % del terreno podía utilizarse para financiar la construcción del albergue. No obstante, el contrato de cesión contempla incluso una renovación automática por otro periodo similar, mientras el supuesto beneficio social queda reducido a la entrega del 7 % de las utilidades del colegio privado, sin precisar siquiera cuándo se edificará el albergue para los niños, que es voluntad de la familia donante.
¿Quién autorizó estas condiciones? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Qué informes técnicos y legales sustentaron semejantes decisiones? Son interrogantes que también alcanzan otros casos emblemáticos, como el fundo Huerta Morales y el escandaloso proceso relacionado con Jardines de la Paz.
Las actuales autoridades de la Beneficencia y de la Municipalidad Provincial de Trujillo tienen la obligación moral y política de responder ante la ciudadanía. No basta con dejar que el tiempo pase ni permitir que los responsables abandonen silenciosamente sus cargos.
