

Por Manuel Rodríguez Romero
Periodista
El anuncio del ministro de Justicia y Derechos humanos, Félix Chero, respecto a que su sector evalúa un proyecto de ley para sancionar a jueces y fiscales que filtren información y testimonios reservados ha “alborotado el gallinero”.
El tema es materia de análisis en círculos jurídicos, políticos y prensa. Aunque el ministro Chero ha declarado que contra los periodistas no es la cosa, porque ellos tienen acceso a sus fuentes. De concretarse la restricción atentaría sí contra el derecho a la información que tiene el pueblo.
La pretensión de impedir que jueces y fiscales filtren información a la prensa, me parece exagerado, pues deben ofrecer información relevante y de interés público, salvo casos que ameriten reserva parcial o total.
No deja sí de preocupar que casos judicializados sean politizados, como se pueden observar, porque atentan contra una correcta administración de justicia, pues la función fiscal y judicial es autónoma, exclusiva y excluyente.
Lo que pasa es que hay jueces y fiscales que vierten información, sabiendo que tienen responsabilidad funcional, y que de hacerse pública la información ésta pueda ser objeto de manipulación mediática con mala intención para perjudicar a las partes.
Los periodistas, por su lado, tienen sus propias y éticas formas de investigar para lograr información confiable, labor amparada por la Constitución Política del Perú y por tratados internacionales. Por eso es que el ministro Chero adelantó que no habrá restricción a la prensa, que tiene la facultad de reservar la fuente, lo que llamamos el secreto profesional del periodista.
En todo caso sería prudente que se deje a criterio de los fiscales y jueces su accionar acerca del tratamiento de la información, a fin de evitar distorsiones y que los periodistas se ajusten a las normas éticas en la búsqueda de la verdad.

