

Escribe:
Angel Delgado Silva
Mientras los militares rechazan explícitamente las prácticas golpistas, hoy sin esbozo son los jueces quienes retoman esta posta ignominiosa. ¡Basta ya!. Es tiempo de romper con ese estilo melifluo de hablar, pues disimula las gravísimas consecuencias de este accionar espurio. La defensa de la democracia y del Estado de Derecho requieren firmeza, tanto en lo conceptual, como en el proceder político. En consecuencia, no seamos ingenuos. No veamos actuaciones aisladas o meras trasgresiones jurídicas, en resoluciones judiciales que, escapando groseramente de su competencia, invaden con desvergüenza los fueros parlamentarios. Consentir conductas de este tipo y no frenarlas de inmediato, nos tornará inexorablemente en cómplices de la destrucción de la Republica.
¡Qué exageramos!. ¡Quizá somos tremendistas en nuestras apreciaciones!. Pues no. A la historia reciente apelamos. A comienzos de julio de año pasado, una jueza supernumeraria, no titular, a través de una medida cautelar en un juicio de amparo, ordenó al Congreso suspender la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, que tenía programado dentro de sus funciones constitucionales. Y, a pesar del escándalo y el rechazo congresal, se consumó el estropicio. No hubo los votos requeridos, debido al temor de algunos congresistas timoratos.
Empero, esta monstruosa violación a la constitucionalidad quedó impune. La magistrada fue promovida, la Presidenta de la Suprema se puso de costado, el demandante se convirtió en Ministro de Defensa, en obvia recompensa y los miembros del TC prolongaron su írrito mandato, un año más. A partir de entonces un envanecido golpismo judicial, se generaliza inexorablemente. Así, a nombre de Castillo se interpone un Habeas Corpus para no tramitar la denuncia constitucional en su contra; la burocrática SUNEDU presenta un Amparo contra la aprobación de la Ley que recupera la Autonomía Universitaria; y el Sindicato de la Defensoría del Pueblo consigue una cautelar para que no se elija al próximo Defensor. Se trata de violaciones contra las competencias propias del Congreso de la República, por juzgados de primera instancia e impulsadas por intereses subalternos no tienen legitimidad para demandar. ¡El principio de separación de poderes hecho trizas!.
Estas abominaciones no han merecido, todavía, una condena contundente y ejemplar. La proverbial lenidad de nuestros demócratas las estima desviaciones jurídicas, extravagancias aisladas. Por eso no reaccionan. No advierten cómo se ha pertrechado una posición política antidemocrática, que sin pudor alguno utiliza los mecanismos jurisdiccionales para sus fines abyectos. ¿No fue Sagasti quien estuvo tras la frustración de la elección congresal del TC?. ¿Y que tal prepotencia fue saludada por toda la gama de caviares e izquierdistas?. Ergo, seguir creyendo que “recurren a la Justicia” es estúpido. Pero peor no responderle como se debe. ¡Basta ya!.

