
- Se exhorta a legisladores respetar los mecanismos regulares de reforma de la constitución.
Frente a la iniciativa de incorporar una cuarta legislatura en el período de sesiones 2020-2021, con el fin de aprobar reformas a la Constitución, la Defensoría del Pueblo señala que la adopción de tal medida implicaría un quiebre del principio de rigidez constitucional.
Como Defensoría del Pueblo recordamos que la Constitución es un estatuto de control del poder y es la norma depositaria de los valores y principios supremos que nuestra sociedad estima fundamentales. Posee, con base en lo expresado, una vocación de permanencia e inmutabilidad en el tiempo que debe ser respetada por los poderes constituidos, empezando por el propio Parlamento. De este modo, a fin de garantizar su preservación, la propia Carta ha fijado procedimientos reforzados para la modificación de sus disposiciones, ello como expresión del principio de rigidez constitucional.
En consonancia con el señalado principio, la Constitución ha establecido que su modificación debe aprobarse en dos legislaturas ordinarias consecutivas, entendiendo que todo cambio solo pueda ser realizado luego de prolongados períodos de reflexión y debate. No es posible, por ende, sobre la base de interpretaciones laxas, desnaturalizar el contenido de esta norma reduciendo en extremo los tiempos ordinarios de las legislaturas e instalando con tal práctica un procedimiento acelerado que restringe los espacios de diálogo y consenso.
En este punto, conviene recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que no existen zonas exentas de control, ni carentes de límites. En ese sentido, el Congreso debe comprender que el acto legislativo, del que es titular, también posee límites, más aún cuando se refiere a la modificación del texto constitucional. Sobre este particular, el deber de respetar el principio de rigidez constitucional cobra mayor relevancia cuando las propuestas de reforma tienen incidencia directa en el balance entre los poderes del Estado y en la organización de instituciones como el propio Parlamento, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

