Escribe:
Manuel Rodríguez Romero
Ex vicedecano nacional del Colegio de Periodistas del Perú
La Contraloría General de la República, como todos sabemos, es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, es decir de los recursos y bienes de los gobiernos locales, regionales, ministerios, etc.
Sin embargo, si nos damos cuenta, las acciones de la Contraloría resultan, en un alto porcentaje, son un saludo a la bandera, pues las recomendaciones que hace a los titulares de los pliegos, llámense alcaldes, gobernadores y procuradores públicos anticorrupción, etc caen “en saco roto”, es decir no son ejecutadas estas recomendaciones.
Como periodistas sabemos lo que sucede con la corrupción y los corruptos. Cuando la Contraloría detecta anomalías como, por ejemplo, en el reparto de víveres a las familias vulnerables por la pandemia, a cargo de las municipalidades, lo que hace es recomendar al alcalde y al procurador público anticorrupción que adopten las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades pertinentes, de los funcionarios y servidores públicos, comprendidos en el hecho irregular.
La Contraloría, si es necesario, también recomienda al Procurador Público Anticorrupción dar inicio a las acciones legales civiles o penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad contra los intereses del Estado.
Al parecer, la recargada labor de la Contraloría genera por otro lado, que los informes de las intervenciones se emitan con exagerada lentitud, a veces con el atraso de años, como hemos podido constatar a través del portal de este órgano de control, como el caso de una intervención hecha hace cinco años por la Municipalidad Provincial de Trujillo, recién emitió un informe con las recomendaciones para corregir las anomalías en la ejecución de una obra pública.
Los casos más recientes y que son numerosos, son los relacionados a la distribución de víveres a las familias vulnerables por la pandemia del coronavirus, en los que están comprometidos muchos funcionarios municipales.
La Contraloría detectó numerosas irregularidades que fueron ampliamente difundidas por la prensa y redes sociales, como la falta de peso de los víveres, bolsas de víveres destinadas a funcionarios que no les correspondía, productos malogrados y con precio superior al del mercado, compras con vicios legales hechas a empresas no autorizadas por la OSCE, etc, etc.
Cuántos funcionarios responsables de la adquisición y la distribución de víveres han sido sancionados?, es la pregunta que todos nos hacemos. Aquí la prensa juega un papel fundamental, para que las acciones de control no sean un “saludo a la bandera”, sino que los culpables sean sancionados, de lo contrario la corrupción seguirá debido a la mano blanda que hay. El papel de la prensa es hacer el seguimiento de las acciones de control, para ver si se cumplen o no, y encontraremos más de una sorpresa.
Pero fíjense amigos, hay casos en La Libertad, para no ir más lejos, que algunos alcaldes hasta premian a sus funcionarios corruptos cambiándoles de puesto o cargos de confianza. Ante una irregularidad el funcionario corrupto es renunciado o destituido del cargo, pero eso no es sanción, la sanción es aplicarle a ley con penas que establecen los códigos civil y penal.
El llamado entonces, es a los alcaldes, gobernadores y a los procuradores públicos anticorrupción que cumplan con sus obligaciones de ejecutar las recomendaciones de la Contraloría, de lo contrario estarán apañando a los corruptos y dejando que avance este lastre, que la corrupción, que a los largo de la historia ha generado mucha pobreza y atraso.
