LIMA/ La lucha anticorrupción está en riesgo. El pedido de la ministra de Justicia de facto, Delia Muñoz, para que el procurador general Daniel Soria renuncie a ese cargo, buscaría el copamiento de las procuradurías, no solo ante la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes del Ministerio de Justicia y hasta el exprocurador José Ugaz han alertado de esta posibilidad. Desde enero del 2017, con el Decreto Legislativo 1326, si bien sigue bajo el monto presupuestal y administrativo del Ministerio de Justicia, la defensa jurídica del Estado está a cargo de la Procuraduría General del Estado.
Es por esto que, apenas tomó posesión del ministerio, Delia Muñoz llama al procurador Soria para hablar de cambiar la estrategia del Ejecutivo frente a la demanda competencial sobre la vacancia presidencial que presentó el gobierno de Martín Vizcarra contra el Congreso.
Audiencia en el Tribunal Constitucional
Este es un tema urgente para el régimen. El Tribunal Constitucional ha programado una audiencia este 18 de noviembre, para escuchar a las partes y resolver. El Congreso ha respondido la demanda pidiendo que se declare la sustracción de la materia, pues el pedido de vacancia que motivó la demanda del Ejecutivo no fue aprobado.
El régimen de facto de Manuel Merino y su ministra de Justicia quieren reforzar la posición del Congreso, para que el TC no se pronuncie sobre la legalidad y constitucionalidad de la vacancia por incapacidad moral permanente, por una investigación preliminar de presuntos actos ilícitos.
