Además del daño causado por el nuevo coronavirus y la COVID-19 en nuestro país, los candidatos a la presidencia en las Elecciones Generales del próximo año enfrentarán un escenario lleno de conflictos sociales que no se detuvieron pese a la pandemia.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta setiembre de este año se han acumulado 189 de estos problemas, divididos en 142 conflictos activos y 47 conflictos latentes que ‘heredarán’ las próximas autoridades luego del 11 de abril.
De todas las regiones, Loreto acumula 22 casos. Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, indica que 20 de ellos están relacionados con los pueblos indígenas. La siguiente región con mayor número de casos es Cusco, con 20, y luego Áncash, con 17.
“¿Qué demandas plantean los pueblos indígenas, tradicionalmente olvidados en nuestro país? Remediación ambiental debido a los constantes derrames de petróleo o compensaciones económicas por los impactos ambientales y sociales causados históricamente por la actividad petrolera. También reclaman que se cumplan los compromisos de los convenios entre los pueblos indígenas y las empresas, y los procesos de consulta previa. Estas demandas están dirigidas tanto al Estado como a las empresas”, indicó Luque a RPP Noticias.
En el reporte de conflictos sociales N°199 de la Defensoría del Pueblo se indica también que el 66.1% de los conflictos son de tipo socioambiental. La mayoría corresponde a problemas con la minería, hidrocarburos, saneamiento, entre otros.
“El próximo presidente o presidenta va a tener que enfrentar una situación bastante compleja donde se requiere, aparte del conocimiento y el abordaje, no ir con un discurso facilista de imponer un proyecto sí o sí”, indicó César Ipenza, especialista en temas ambientales.
PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS
La carrera electoral ya inició, aunque por momentos es opacada por otros temas de coyuntura política. A esto se suma que los partidos políticos solo tienen precandidatos y aún no definen sus candidatos oficiales. Es así que, hasta el momento, lo único claro es un intermitente silencio de los futuros aspirantes a la presidencia de la República.
“La clase política y los candidatos no recogen estos temas, o en algunos casos son muy oportunistas. Siento que están de espaldas a la conflictividad que hay en materia de minería en Cusco y Apurímac, a la conflictividad que hay en la Amazonía”, indica Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
