Escribe:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista Colegiado
En una ciudad que se expande en edificios, cemento y presupuestos cada vez más altos, existe una realidad silenciosa que no aparece en las inauguraciones ni en las memorias de gestión: la de cientos de propietarios mayores de 70 años que sobreviven con pensiones mínimas o, en muchos casos, sin ingreso alguno, mientras arrastran deudas municipales que crecen con intereses y amenazas de cobranza coactiva.
No hablamos de grandes contribuyentes ni de inversionistas inmobiliarios. Hablamos de hombres y mujeres que trabajaron durante cuatro o cinco décadas, pagaron impuestos, levantaron sus viviendas con esfuerzo propio y contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Hoy, en la etapa más vulnerable de sus vidas, continúan recibiendo estados de cuenta por impuesto predial y arbitrios municipales como si siguieran en plena actividad productiva.
¿Es eso justo?
La Municipalidad Provincial de Trujillo tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar un paso firme hacia una política tributaria con rostro humano: aprobar una ordenanza municipal o emitir un decreto de alcaldía que disponga la exoneración de la deuda acumulada por tributos municipales y el no cobro en adelante a propietarios mayores de 70 años, cuyos predios estén destinados exclusivamente a vivienda familiar y que no perciban rentas adicionales.
No se trata de populismo ni de irresponsabilidad fiscal. Se trata de justicia tributaria con enfoque social.
Hoy, muchos adultos mayores deben sumas que ya no pueden pagar al SAT. Las deudas se multiplican con intereses y gastos administrativos. Algunos enfrentan procedimientos coactivos que generan angustia y temor. Para quien vive con una pensión que apenas cubre alimentación y medicamentos —o depende del apoyo de sus hijos—, cada notificación municipal es una carga emocional y económica desproporcionada.
El argumento recaudatorio no puede estar por encima del principio de dignidad. El impacto en las arcas municipales sería marginal frente al alivio que representaría para estas personas. Para un adulto mayor, dejar de pagar impuesto predial y arbitrios puede significar comprar medicinas, mejorar su alimentación o simplemente vivir sin el estrés constante de una deuda impagable.
Además, la medida puede ser focalizada y técnicamente viable. Los criterios son claros: mayores de 70 años, propietarios de vivienda única, sin uso comercial ni renta del inmueble, y en condición de vulnerabilidad económica. La administración tributaria municipal cuenta con registros suficientes para aplicar la exoneración de oficio, sin obligar a los beneficiarios a realizar trámites interminables que muchas veces terminan desalentándolos.
La ciudad debe preguntarse qué modelo de sociedad quiere construir. Uno que persiga deudas a quienes ya no tienen capacidad de pago, o uno que reconozca que el desarrollo no solo se mide en obras inauguradas, sino en la forma como protege a sus ciudadanos más frágiles.
Exonerar de deudas y suspender el cobro futuro a estos adultos mayores no debilita al municipio; lo fortalece moralmente. No erosiona la institucionalidad; la humaniza. No es un regalo: es un acto de coherencia con el mandato constitucional de protección al adulto mayor y con el sentido elemental de justicia.
Ha llegado el momento de que nuestras autoridades municipales demuestren que el desarrollo también se escribe con sensibilidad. Porque una ciudad verdaderamente grande no es la que más recauda, sino la que mejor cuida a sus mayores.
