Por:
Manuel Rodriguez Romero
Ex vicedecano nacional del Colegio de Periodistas del Perú
El periodismo peruano enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: la proliferación de espacios informativos en medios tradicionales y plataformas digitales que, en muchos casos, son conducidos por personas sin formación ni acreditación profesional, sin responsabilidad editorial claramente identificada y, peor aún, sin respeto por los principios elementales de la ética periodística.
Plantear un orden informativo y periodístico no significa, de ninguna manera, restringir la libertad de expresión. Por el contrario, significa protegerla y fortalecerla, porque la libertad de expresión pierde legitimidad cuando es utilizada para difundir mentiras, agravios, difamaciones o información no verificada.
La esencia del verdadero periodismo es la verdad. El periodista tiene la obligación de buscarla, contrastarla y ofrecerla a la sociedad con responsabilidad. Por eso resulta necesario abrir un debate nacional sobre la conveniencia de establecer mecanismos de acreditación profesional para quienes ejercen de manera permanente el periodismo en los medios de comunicación. Las empresas periodísticas, tanto tradicionales como digitales, deberían priorizar la contratación o venta de espacios destinados a contenidos periodísticos a profesionales debidamente identificados y acreditados por instituciones gremiales reconocidas. Entre ellas, el Colegio de Periodistas del Perú, creado por ley, y organizaciones representativas como la Federación de Periodistas del Perú y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
No se trata de impedir que cualquier ciudadano opine, critique o utilice las redes sociales. Eso forma parte de la libertad de expresión. Lo que debe diferenciarse claramente es la opinión ciudadana del ejercicio profesional del periodismo. Una persona puede tener derecho a expresar lo que piensa, pero cuando se presenta públicamente como periodista, conduce un programa informativo, entrevista a autoridades, difunde denuncias o proporciona noticias a la población, debe asumir también las responsabilidades inherentes a esa actividad. El ciudadano tiene derecho a saber quién le informa y bajo qué principios profesionales lo hace.
Esta preocupación no es nueva. En Trujillo, por ejemplo décadas atrás, las emisoras radiales mantenían verdaderos planteles periodísticos, integrados por profesionales rentados que tenían una responsabilidad directa ante sus medios y ante la sociedad. Con el paso del tiempo, muchas estaciones comenzaron a alquilar espacios, situación que también se extendió por diferentes lugares del país.
El problema no está necesariamente en la existencia de estos espacios, sino en que algunos pueden terminar convirtiéndose en una suerte de territorio sin responsabilidad profesional, donde cualquiera puede difundir información sin responder por sus consecuencias.
Hoy el desafío es todavía mayor con la expansión de los medios digitales y las redes sociales. La velocidad con la que circula una información no puede estar por encima de su verificación. El periodismo no puede convertirse en una competencia por quién publica primero, sino en un compromiso por informar mejor, con mayor rigor y responsabilidad. Una noticia falsa puede destruir honras, afectar instituciones, alterar procesos electorales y generar conflictos sociales. Y cuando además se utiliza un lenguaje agresivo, insultante o difamatorio, el problema deja de ser solamente periodístico para convertirse en una amenaza contra la convivencia democrática.
Por ello, el Colegio de Periodistas del Perú tiene una responsabilidad histórica. Al haber sido creado por ley, está llamado a asumir un papel más activo en la defensa de la profesión, promoviendo la ética y combatiendo el falso periodismo, tanto en los medios tradicionales como en los digitales. Pero esta tarea no debe ser exclusiva del Colegio. Deben participar también las organizaciones gremiales, las empresas periodísticas, los propietarios de medios, los periodistas y, fundamentalmente, la sociedad.
Las empresas de radio y televisión también deberían recuperar y actualizar sus códigos de ética, establecer con claridad quiénes son responsables de los contenidos que difunden y garantizar mecanismos efectivos de rectificación cuando se cometan errores. En el caso de los medios digitales, debería promoverse igualmente la identificación de sus responsables editoriales, la publicación de sus principios éticos y la diferenciación clara entre información, opinión, publicidad y contenido político.
No podemos permitir que la palabra «periodista» termine siendo utilizada indiscriminadamente por quienes carecen de formación, responsabilidad y compromiso con la verdad. Tampoco podemos pretender que la solución sea la censura o el silenciamiento. El camino debe ser otro: más libertad, pero también más responsabilidad; más medios, pero también más ética; más voces, pero sobre todo más verdad.
La propuesta, entonces, no es cerrar las puertas de la comunicación. Es ordenar el ejercicio profesional del periodismo sin tocar un solo milímetro de la libertad de expresión. Que cada ciudadano pueda opinar; que cada medio pueda informar; pero que quien ejerza profesionalmente el periodismo se someta a principios éticos, asuma responsabilidad por lo que publica y pueda acreditar su condición profesional.
Porque la democracia necesita libertad de expresión, pero también necesita información confiable. Y si queremos defender verdaderamente al periodismo, debemos empezar por defender aquello que constituye su razón de ser: la verdad.
