Por:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista
En cada proceso electoral, el país asiste —casi resignado— a un espectáculo repetido: la sustitución del debate de ideas por el ataque personal. Esta vez, uno de los blancos más visibles es César Acuña, hoy en carrera hacia la presidencia. Lo que debería ser una confrontación de propuestas para resolver los problemas estructurales del Perú: inseguridad, pobreza, crisis institucional se ha degradado, en algunos sectores, a una estrategia de “guerra sucia”.
No se trata de negar que todo candidato debe ser fiscalizado. La crítica es legítima y necesaria en democracia. Pero hay una línea clara entre el escrutinio político y la desinformación sistemática. Cuando los ataques se basan en rumores, campañas digitales coordinadas o distorsión de hechos, lo que se busca ya no es informar al ciudadano, sino manipularlo.
El caso de Acuña resulta ilustrativo porque pone en evidencia un fenómeno mayor: cuando un candidato crece en intención de voto —especialmente en segmentos clave como los jóvenes— se convierte automáticamente en objetivo de campañas de demolición. No importa si el cuestionamiento tiene sustento o no; lo relevante es instalar una percepción negativa. En política, muchas veces, la percepción pesa más que la realidad.
La llamada “guerra sucia” no es nueva en el Perú, pero sí más sofisticada. Hoy se libra principalmente en redes sociales, donde cuentas anónimas amplifican mensajes, se viralizan contenidos fuera de contexto y se construyen narrativas que luego saltan a ciertos espacios mediáticos. Es un círculo vicioso: lo digital contamina lo informativo, y lo informativo legitima lo digital.
El problema de fondo es que esta práctica empobrece la democracia. Cuando el elector recibe una avalancha de ataques personales, pierde la oportunidad de comparar planes de gobierno, evaluar equipos técnicos o analizar la viabilidad de las propuestas. Se vota con emociones —miedo, rechazo, indignación— y no con información.
Además, la guerra sucia revela una carencia preocupante: la falta de argumentos. Cuando los adversarios políticos no logran posicionar sus propias ideas, recurren al descrédito del otro como atajo. Es una estrategia que puede ser efectiva en el corto plazo, pero que erosiona la calidad del sistema democrático en el largo.
Esto no implica que Acuña —ni ningún otro candidato— esté exento de cuestionamientos. Todo lo contrario: el escrutinio debe ser riguroso, pero basado en hechos verificables, no en campañas de demolición sin sustento. El país necesita ciudadanos informados, no manipulados.
En un contexto de profunda crisis de confianza en la política, insistir en la guerra sucia es dispararse al pie. El Perú no necesita más confrontación vacía, sino liderazgo, propuestas claras y debate serio. Si los actores políticos no entienden esto, seguirán contribuyendo a un círculo de deslegitimación del que luego todos —sin excepción— serán víctimas.
Al final, la pregunta no es solo qué candidato resiste mejor los ataques, sino qué tipo de política queremos construir. Porque una democracia basada en la desinformación no solo elige mal: también se debilita peligrosamente.
