Por:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista Colegiado
La corrupción es un problema social que esta muy enraizado en la administración pública, de ahí que cada vez crece, en la medida que pasa el tiempo y no hay quién y manera que la detenga.
Como muestra un botón, es lo que pasa con las obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cuya directora ejecutiva Rosmery Cornejo acaba de renunciar, ante la andanada de críticas, con razón, contra este organismo que nació a raíz del fenómeno El Niño Costero del 2017.
Nelson Shack, contralor de la república, ha revelado hace poco que hay más de 400 acusados de corrupción en obras de reconstrucción. Son precisamente las regiones que reciben más fondos públicos, para reconstruir o rehabilitar obras públicas, las que cuentan con el mayor número de servidores denunciados.
En lo que concierne a la región La Libertad, la Contraloría indica que son 105 los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción en las obras de reconstrucción, le sigue Lambayeque con 76 y Piura con 55 (¿quiénes son?). A la vez, según la base de datos de la Contraloría, sobre funcionarios públicos denunciados penalmente en todo el país, la Municipalidad provincial de Sánchez Carrión ocupa el tercer lugar. Cuenta con 26 servidores ediles denunciados por haber afectado con actos ilícitos la ejecución de obras públicas que recibieron transferencias de la ARCC.
En base a los informes acerca de funcionarios denunciados por presuntos actos de corrupción, en proyectos cubiertos con fondos transferidos por la ARCC, se establece que los casos más frecuentes en los que incurrieron los servidores involucrados son la contratación indebida a una o varias empresas que no calificaban, y en confabulación con los contratistas cambiaron los términos originales del contrato, para favorecer a estos con adelantos de dinero, alteración de las fechas de entrega de los avances de la obra y otras regulaciones.
La corrupción y la incapacidad de los funcionarios de la ARCC, que gozan de suculentos sueldos, son los principales factores para que la ARCC no haya cumplido con los metas y objetivos para los cuales fue creada, aun cuando transfirió ingentes cantidades de dinero a los gobiernos regionales y gobiernos locales. El problema no es el dinero.
La gran perjudicada ha sido la población vulnerable, es decir las familias de menos recursos, que con el ciclón Yaku, que produjo lluvias torrenciales e inundaciones, lo perdieron todo: sus viviendas, bienes, arrasaron sus siembras, etc, etc. La ayuda humanitaria nunca será suficiente para resarcir los daños ocasionados.
El gobierno es el gran culpable por no paliar los embates de la naturaleza, pues la ARCC adscrita a la PCM más se dedicó a rehabilitar y reconstruir antes que hacer las grandes obras de prevención, como por ejemplo el proyecto de la solución integral de las quebradas en Trujillo.
Y como para olvidar la magra función de la ARCC, el Poder Ejecutivo la propuesto al Congreso la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. En realidad, la solución, no esta en el cambio de nombre de los organismos, sino en la actitud ética de los funcionarios.
