Por:
Manuel Rodríguez Romero
Periodista Colegiado
Hablar de seguridad ciudadana en el Perú es hablar de un problema estructural que va mucho más allá de la delincuencia o del número de efectivos en las calles. Es mirar, con crudeza, la realidad de cientos de comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se caen a pedazos, sin condiciones mínimas para cumplir su función. Esa es, quizás, una de las imágenes más elocuentes del abandono estatal: locales policiales con paredes rajadas, techos filtrados, servicios sanitarios colapsados y oficinas improvisadas que apenas pueden albergar al personal.
Mientras se multiplican los discursos sobre “mano dura” y estrategias contra la inseguridad, pocos se detienen a observar dónde y cómo trabaja la Policía. En varias regiones del país, los agentes atienden denuncias en ambientes reducidos, sin ventilación, con equipos informáticos obsoletos y, en muchos casos, sin conexión estable a internet. Algunos locales policiales funcionan en inmuebles alquilados, adaptados de manera precaria, sin condiciones de accesibilidad ni privacidad para los ciudadanos que acuden a denunciar delitos.
¿Cómo exigir eficiencia a una institución que ni siquiera cuenta con infraestructura digna? No se trata solo de paredes o techos en mal estado, sino del mensaje que el Estado transmite: que la seguridad no es una prioridad. Un policía que trabaja en condiciones indignas, sin espacio ni recursos adecuados, difícilmente podrá brindar un servicio eficiente y empático. La precariedad material se traduce, tarde o temprano, en precariedad institucional.
La modernización de la Policía no puede limitarse a la compra de patrulleros o cámaras de videovigilancia. Se requiere una verdadera política de inversión en infraestructura, con criterios técnicos y de equidad territorial, que priorice la reconstrucción y equipamiento de las comisarías en todo el país. No puede haber seguridad sostenible si los espacios donde se construye la confianza entre policía y ciudadano son inseguros, insalubres o indignos.
En un país que enfrenta cada día nuevos desafíos de criminalidad organizada, el fortalecimiento de la PNP debe empezar por lo básico: darle a sus hombres y mujeres un lugar digno donde servir. Porque la seguridad ciudadana también se construye con ladrillos, techos firmes y un Estado que mire a su Policía no como un gasto, sino como una inversión en orden y justicia.
