LIMA/ El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia, y por mayoría (105 votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones), la autógrafa de ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector Salud.
La norma fue aprobada durante la sesión plenaria del 30 de junio último, y su autógrafa fue observada por el presidente de la República el 27 de julio. Se sustenta en los Proyectos de Ley 2204, 2328, 2371 y 2439. La insistencia fue exonerada de dictamen de la Comisión de Presupuesto.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, Wilson Quispe Mamani (PL), expuso que en el contexto de la emergencia sanitaria se efectuaron diversas medidas de contingencia para enfrentarla y se requiere continuar con algunas medidas extraordinarias en materia de recursos humanos en el sector.
Por ello, continuó, es necesario asegurar la provisión de la prestación de servicios del personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057 que, sin embargo, el 27 de julio del presente año el presidente de la República observó la norma por la “afectación al principio de coherencia normativa” y, ente otros supuestos, la presunta vulneración de “los principios constitucionales presupuestarios
A ello, Quispe Mamani respondió que el Ejecutivo tiene claro que los contratos CAS Covid están referidos a los contratos administrativos temporales habilitados por los Decretos de Urgencia 029-2020 y 004-2021.
Agregó que “sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen con otros que tal vez no ayudaron a superar la pandemia, sobre todo cuando ya tienen más de dos años desempeñando dicha función y existe, a la vez, la necesidad de (contar con) profesionales (como ellos)”.
La congresista Silvana Robles Araujo (PL), autora de uno de los proyectos de ley, enfatizó el hecho de que la aprobación de la insistencia y su promulgación no resuelve el tema de la continuidad del personal CAS si no va de la mano con la aprobación del crédito suplementario contenido en el dictamen del Proyecto de Ley 2422 enviado por el Ejecutivo.