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El decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Yvo Hora, entregó un oficio a las autoridades del Ministerio de Justicia solicitando que los dos proyectos de leyes inconstitucionales no prosperen.
TRUJILLO/ Yvo Hora, quien además es actualmente presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP), entregó un oficio dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. En el documento solicita que el Ejecutivo observe el proyecto de Ley aprobado en segunda votación por el Congreso. El hecho ocurrió durante la conferencia descentralizada «Conciliación Extrajudicial y Arbitraje Popular» en el auditorio de la Casa del Abogado, donde estaba prevista la llega del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien justificó a última hora su presencia en dicho evento.
Recibieron el oficio representantes de dicho Ministerio, el director general de la Defensa Pública, Walter Martínez, y la directora de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Cintia Contreras. Yvo Hora pidió que el oficio sea transmitido al Ministro de Justicia, para que este a su vez lo sustente ante el Consejo de Ministros y se decida observar la autógrafa que modificaría el Código Procesal Penal, que dejaría en manos de la PNP la investigación preliminar, que es competencia exclusiva del Ministerio Público, según el artículo 159, inciso 4 de nuestra Constitución.
En su pronunciamiento, Hora destacó que los proyectos de leyes en cuestión son inconstitucionales. Uno de ellos busca que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales, mientras que el otro propone que la Policía Nacional del Perú (PNP) asuma funciones dentro de la investigación preliminar, pese a que, según la Constitución, esta tarea corresponde al Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones.
«Es nuestra responsabilidad defender la Constitución y evitar que normativas inconstitucionales vulneren los principios del Estado de Derecho,» enfatizó Yvo Hora en su intervención de clausura.
Finalmente, el decano exhortó al Ministerio de Justicia a defender el Estado de Derecho en todas las instancias y evitar que estos proyectos de leyes prosperen, ya que podrían afectar gravemente la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y del proceso penal en el país; lo cual atentaría contra el Estado de Derecho.
